La Agencia Catalana de Consumo va a cumplir 15 años. Al frente se encuentra Elisabeth Abad, con uno de los patrimonios más elevados de la Generalitat, 664.174 euros, según los últimos datos publicados, que datan de 2018.
De hecho, la fortuna que atesora Abad se encuentra en el 'top ten' de la Generalitat, aunque en el noveno puesto. Su sueldo alcanza los 85.591,66 euros anuales, según los datos publicados por la Generalitat referentes a marzo de este mismo año.
En su currículum oficial "no consta como licenciada en Publicidad como para ingresar en el colegio de Publicitarios", según asegura una fuente interna del organismo. En el currículo oficial del Parlament la exdiputada de Convergencia Democrática de Cataluña, la extinta CDC, aparece como "técnica de Marketing y periodista en Barcelona", tal y como aparece en la web oficial. Según fuentes consultadas, este colegio "solo admite a licenciados en Publicidad".
En 2015, el Parlament permitió "a los profesionales sin titulación en Publicidad y Relaciones Públicas poder colegiarse si demostraban su experiencia en este sector. Pero daba un plazo, hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
Este pasado mes de febrero, la propia Abad y la decana del Colegio de Publicitarias y Publicitarios y Relaciones Públicas de Cataluña, Rosa Romà, firmaban un convenio de colaboración que facilite hacer un seguimiento del sector de la publicidad y fomentar el conocimiento del sector por parte de los consumidores. "Damos impulso a uno de los objetivos de la Agencia que es que los consumidores estén bien informados", dijo entonces Abad. Con este acuerdo "trabajaremos conjuntamente para perseguir la publicidad engañosa", afirmaba.
En el CV de Abad consta una licenciatura en Derecho, desempeño de profesora asociada a la Rovira i Virgili, adscrita al Departamento de Gestión de Empresas, y que desempeñó su labor como "periodista en diversos medios de la provincia de Barcelona", sin dar a conocer el nombre. Abad fue vicesecretaria de Acción Política y Comunicación del PP de Tarragona en 2008, y llegó a ser la presidenta del PP de Reus en 2009, llegando a ser teniente de alcalde de esa ciudad.
La corrupción en la alta dirección de Consumo
Dos casos sonados han afectado a directores generales de Consumo de Cataluña. El primero de ellos afectaba a Alfons Conesa, padre de la expresidenta de la Diputación de Barcelona y exalcaldesa de Sant Cugat del Vallés, Mercé Conesa.
El patriarca de la familia aceptó una condena de seis meses de inhabilitación tras un pacto con la Fiscalía el pasado 2018 por adjudicar de forma irregular un concurso a un despacho de abogados en el que trabajaba uno de sus hijos.
El caso fue resuelto tras una denuncia de CCOO a principios de 2013. El concurso se realizó bajo el pretexto de centralizar las denuncias por las participaciones preferentes vendidas por la banca a particulares. Para agilizar la labor, se externalizó el trabajo para entregarlo a AGM Abogados.
El motivo era un "contrato de prestación de servicios de análisis y evaluación de las reclamaciones presentadas por consumidores de productos financieros complejos". Conesa había ocultado el vínculo familiar con esta empresa. El juez le condenó en costas "como autor criminalmente responsable de un delito de falsedad de certificados del artículo 398 del Código Penal, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal".
Otro de los altos cargos de Consumo de Cataluña afecta a su exdirector antes de convertirse en la Agencia Catalana de Consumo, Josep Tous, el empresario y amigo de Oriol Pujol, el hijo de Jordi Pujol, implicados ambos en el caso de las ITV. Tous aceptó el pasado año una pena de cinco meses de cárcel, que pudieron ser sustituidos por el pago de 22.500 euros. Tous era coordinador general en la Diputación de Barcelona cuando estalló este caso, y pese a estar suspendido de empleo y sueldo desde abril de 2012, su cese no se hizo oficial hasta un año más tarde, por lo que siguió cobrando un año entero desde ese anuncio.
Una entidad "inútil" y derrochadora
Las mismas fuentes apuntan que el organismo es "ineficaz e inútil". Tal y como muestran las memorias públicas, las sanciones impuestas por la Agencia Catalana de Consumo apenas han variado desde 2004 hasta 2019. En concreto, hace 15 años el importe de las sanciones fue de 2,255 millones de euros, frente a los 2,597 millones del pasado año.
Este dinero debe destinarse principalmente a acciones en favor de los consumidores, pero la institución se ha convertido en un paradigma del despilfarro, destinando "miles y miles de euros públicos a medios afines al independentismo o al catalanismo, tal y como se muestra en la web de contratación pública.
Entre otras partidas, la ACC ha destinado 36.800 euros a Rac1, la emisora del Grupo Godó; otros 7.088 euros para OndaCero Catalunya; 1.700 euros para espacios en el Diari Ara; otros 3.480 para el Jornal; 3.900 para Tarragona Radio; 6.750 euros para la Ser; 35.000 euros en publicidad institucional dirigida para usuarios del transporte aéreo y emitida en soporte digital; 115.000 euros repartidos entre diversos medios para darse a conocer mediante una campaña; otros 68.500 euros para una nueva campaña institucional; 8.400 euros para televisiones digitales independientes de Cataluña; otros 9.360 euros para UA1 Lleida Radio y otros 5.900 euros para un servicio de recogida de prensa.
"Es un gran derroche en publicidad", afirman las fuentes consultadas, sobre todo porque las partidas más elevadas se destinan a medios afines al independentismo.
En el interior de Consum se cuelgan mensajes contrarios al 155, pese a ser una institución pública que debe guardar la neutralidad política en su puesto de trabajo, independientemente de la ideología que secunden sus funcionarios.
