La amnistía llega a Aragón. Una jueza de Barcelona ha planteado este lunes al fiscal aplicar la ley de amnistía al exconseller catalán de Cultura Santi Vila tras negarse a cumplir la orden judicial de entrega a Aragón de los bienes del Monasterio de Sijena. La titular del Juzgado Penal número 20 de Barcelona, Mercé Fernández, ha instado al ministerio público, así como a las acusaciones y defensa, a pronunciarse de forma urgente sobre la extensión de esta ley a los delitos de desobediencia y de usurpación de funciones judiciales que se imputa a Vila en esta causa.

La magistrada plantea esta cuestión tras recibir la causa penal contra el exconseller por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJA), que optó recientemente por desgajar el procedimiento seguido contra Vila y su sucesor en el cargo, Lluís Puig, y quedarse solamente la parte referida a este último por ser aforado en el Parlamento catalán a pesar de permanecer huido de la justicia española.

En concreto, la juez ampara su propuesta en el artículo 9.1 de la ley de amnistía, que establece que esta medida puede ser aplicada por los órganos judiciales previa audiencia de la fiscalía de las partes, y su relación con el artículo 11, que prevé que su aplicación pueda ser solicitada por acusaciones y defensa, o bien de oficio por el propio juzgador después de consultar a los afectados.

Por su parte, el letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ya ha expresado su oposición a la aplicación de la amnistía a Vila. Tras advertir que el TSJC no ha planteado esta medida para Puig, considera que la actuación de los dos exconsellers "no tiene nada que ver" con las consultas populares que se llevaron a cabo para promover la independencia de Cataluña, sino con la desobediencia de la orden de ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Huesca que acordó la devolución de las piezas de Sijena.

Recuerda además que a Vila no solo se le acusa de desobediencia, único supuesto contemplado en la Ley de Amnistía, sino también de otro de usurpación de atribuciones judiciales no incluido en la ley de amnistía. En ambas causas, la tramitada por el TSJC contra Puig y la asumida por el Juzgado de Instrucción nº 20 de Barcelona contra Vila, la fiscalía pide sendas condenas de 11 meses de multa a razón de 18 euros diarios (5.940 euros), así como dos años de inhabilitación, para ambos exconsellers, a quienes acusa de un delito de desobediencia.

Por su parte, el representante legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, acusación particular en la causa, propone estas mismas condenas y suma otro de usurpación de funciones judiciales a Vila, por el que solicita 11 meses de cárcel.

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