La inseguridad es ya la principal preocupación de los barceloneses. Una inquietud refrendada por los datos: según Eurostat, Barcelona es la segunda ciudad europea con más robos por habitante de toda Europa. Y, según cifras del Ministerio de Interior, su tasa de criminalidad es un 50% más alta que la de Madrid. Los expertos coinciden en señalar que uno de los principales problemas de la ciudad en la materia es la saturación de los juzgados. Con lo que el anuncio el pasado miércoles por parte del Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central de la creación de cinco nuevos juzgados para descongestionar el atasco y atajar así la multirreincidencia ha sido recibido como un paso en la dirección correcta. Pero, según la oposición, insuficiente.
Y es que el plan, diseñado para combatir el fenómeno de la delincuencia leve pero contumaz, contará con un nuevo juzgado de guardia para los delitos leves, cuatro penales de refuerzo para los juicios rápidos y el acceso al registro de la multirreincidencia por parte de la Guardia Urbana —con ello se prevé, según la Generalitat, que los juicios rápidos se puedan realizar a un mes vista en 2026—. No obstante, voces críticas han advertido de que de nada servirá que los delincuentes sean juzgados con mayor celeridad si los magistrados no disponen de herramientas legales adecuadas para penar debidamente la multirreincidencia.
En esta línea, el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha demandado al alcalde Jaume Collboni que solicite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desbloquee en el Congreso la ley propuesta por los 'populares' para castigar más severamente este tipo de delitos. Se trata de una iniciativa legislativa que el Congreso aceptó el pasado julio con los votos socialistas pero que, sin embargo, permanece en barbecho a la espera de que la Mesa del Congreso —en manos del PSOE y Sumar— le conceda su plácet y pueda ser tramitada.
En busca de una ley "disuasoria"
Entre las medidas que contempla la propuesta 'popular' figura la de modificar el Código Penal para tomar en consideración los antecedentes en delitos leves repetidos. También, agravar las penas por multirreincidencia si los objetos sustraídos son "dispositivos electrónicos o tecnológicos" que contengan información personal, sujeta ésta a una "especial protección". En definitiva, la iniciativa persigue, según explicaron los 'populares durante su presentación, que el tratamiento penal de la multirreincidencia sea "disuasorio". Algo que no ocurre en la actualidad, pues la "sanción es la misma para quien comete un delito que para quien comete una sucesión continua de delitos".
A pesar de ello, el PP recuerda que el plazo de enmiendas de la iniciativa ha sido ampliado hasta en 14 ocasiones, lo que a su juicio evidencia la falta de la voluntad del Ejecutivo —poco interesado, según sus críticos, en secundar propuestas que le resten protagonismo parlamentario en un momento en el que su debilidad en la Cámara Baja es notoria —.
Más ambivalente ha sido la reacción de Junts per Catalunya, que el pasado septiembre llevó al Congreso su propia reforma para abordar el problema —aprobada por el resto de grupos y cuya medida estrella consiste en penar el robo de móviles hasta con tres años de cárcel—. Por una parte, el secretario general Junts, Jordi Turull, ha dado la "bienvenida" a Illa al debate sobre la multirreincidencia, resaltando que a ellos les cayó un "chaparrón" cuando lo plantearon. Y ha hecho hincapié en que la iniciativa es posible gracias al trabajo previo de Junts, que supuso "hablar con mucha gente" y generó un "amplio consenso". Lo que no ha impedido que los de Puigdemont no aclaren si respaldarán el decreto presentado por los socialistas, pues antes deberán comprobar que "no invade competencias de Cataluña".
