La presidenta del Parlament, Laura Borràs, hace tiempo que empuja a sus socios independentistas para iniciar un cambio normativo en el reglamento de la institución catalana con el fin de que no deba abandonar su escaño una vez se abra juicio oral contra ella en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.
La colíder de Junts per Catalunya logró sortear el Tribunal Supremo al dejar su escaño en el Congreso y presentarse como candidata en las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero. Después de presentar numerosas pruebas a practicar en fase de diligencias, como parte de una estrategia de dilación para acudir cuanto más tarde mejor ante la justicia catalana, también ha intentado cambiar el artículo 25.4 del reglamento para que los diputados imputados por corrupción dejen su escaño hasta que se resuelva su situación judicial. De momento, sus intentos no han tenido éxito.
Este artículo que ahora quiere eliminar fue introducido en 2017 en un cambio normativo auspiciado por ERC y Junts per Catalunya (cuando se presentaron unidos bajo las siglas Junts pel Sí) y fue una fórmula para distanciarse de la corrupción de las causas del 3% que afectaba a la extinta Convergència. La CUP también apoyó esa modificación en el reglamento y, a día de hoy, sigue considerando que este artículo es "intocable" porque hay que ahuyentar cualquier sospecha de corrupción.
Este portazo de los anticapitalistas a cambiar el reglamento fue criticado por la propia Borràs, que en una entrevista en Vilaweb llegó a decir que entonces "la CUP no estaba a favor la presunción de inocencia". No obstante, tampoco desde ERC han mostrado demasiado entusiasmo en cambiarlo, pese a que fue un acuerdo entre ambas formaciones para reeditar el gobierno de coalición.
Los compromisos, en el aire
Desde el mes de marzo, poco después de los comicios, se habla de esta modificación, pero todavía no se ha avanzado en este propósito. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, no negó que se había "hablado de reformar el reglamento", pero apuntó a la necesidad de actualizarlo para incluir el plan de igualdad aprobado la pasada legislatura y adecuarlo a la necesaria digitalización parlamentaria que ha puesto en evidencia la situación de pandemia.
Sin embargo, no es el primer compromiso que sigue sin cumplirse desde que la legislatura echó a andar. El pacto entre ERC y Junts para la investidura de Pere Aragonès hablaba de "recuperar de manera inmediata" espacios compartidos de análisis. Entre ellos, un nuevo "órgano de decisión colegiada" donde la CUP y las entidades independentistas, ANC y Òmnium Cultural, debían estar presentes. Tampoco se han puesto de acuerdo para adaptar el Consell per la República, el ente ubicado en Waterloo y controlado por Puigdemont.
En este sentido, no extraña a nadie que tampoco Borràs haya logrado su objetivo de blindar su escaño cuando tenga que ir a declarar ante el TSJC.
"Soberanía" del Parlament
La presidenta de la Cámara catalana aprovecha cualquier foro donde es invitada para defender la "soberanía" del Parlament ante los tribunales. Sin ir más lejos, el pasado martes 29 de junio garantizó su compromiso de "preservar los parlamentos como espacios de debate libres, sin censura ni injerencias de los tribunales" en una reunión de la Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF).
Y apeló a este reglamento que ahora quiere modificar: "Mi voluntad es garantizar que en esta legislatura los diputados del Parlament no tengan más límites que los que impone su reglamento y dicta la democracia".
Nueve imputados en el Parlament
La legislatura actual cuenta con nueve imputados entre los representantes públicos que ocupan un escaño, de los 135 totales, de la Cámara catalana. La mayoría de ellos forman parte de partidos independentistas, y Junts cree que la reforma del reglamento les dará una mayor cobertura y protección ante los tribunales.
Además de Borràs, el diputado de la CUP Pau Juvillà está acusado de desobediencia por negarse a retirar unos lazos amarillos de su despacho de la Paeria, en Lérida. También se enfrentan a causas por desobediencia el consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y el exsecretario de Junts Eusebi Campedrós. El exconsejero Lluis Puig, ahora diputado de Junts, y los 'republicanos' Josep Maria Jové y Lluís Salvador también están imputados por su participación en el 1-O.
A diferencia de la presidenta del Parlament, sin embargo, no deberían abandonar sus escaños porque el artículo 25.5 del reglamento hace mención a imputaciones por delitos de corrupción. Es decir, este caso solo aplica a Borràs y a la líder de la CUP, Dolors Sabater, imputada en un caso de presunta prevaricación por suspender la licencia de una constructora cuando era alcaldesa en el Ayuntamiento de Badalona
Otros encausados son Juan Garriga y Mónica Lora, diputados de Vox e imputados por un delito de odio cuando formaban parte de la cúpula de Plataforma per Catalunya por una campaña contra los inmigrantes.
