Cataluña

Cerco al cártel de servicios médicos en Cataluña

La Autoridad Catalana de Competencia investiga posibles prácticas anticompetitivas y restrictivas en la contratación pública. Las empresas habrían pactado una concertación para adjudicarse contratos públicos

  • Intervención quirúrgica en un hospital.

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha puesto el foco en el cartel de servicios médicos en Cataluña. Según las primeras pesquisas, que podrían derivar en la apertura de un expediente cuyas sanciones podrían llegar hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras, hay fuertes indicios de prácticas anticompetitivas en el marco de la contratación pública.

Sin dar más detalles sobre esta investigación, iniciada este jueves en la sede de una de las empresas vinculadas al cártel, se trataría de una "concertación de empresas", que podría ser o bien el pacto de precios o bien el reparto de las zonas y centros hospitalarios. 

Los indicios son sólidos, por lo que hay una alta probabilidad de que acabe en expediente sancionador. La inspección a la empresa, que se conocerá una vez se haya abierto el preceptivo informe sancionador, supone el primer paso para iniciar la investigación de presuntas conductas anticompetitivas. De momento, no se está prejuzgando a la empresa investigada ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

Posibles multas

En caso que como resultado de la inspección se encontraran indicios de prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de defensa de la competencia, se procedería a la incoación formal de un expediente sancionador. La ACCO ha recibido diversas informaciones sobre estos supuestos pactos ilegales, considerados como "muy graves" a los ojos del organismo presidido por Marcel Coderch.

Las sanciones solo comportan multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras del ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de las autoridades de competencia, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.

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