El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado un plazo de diez días a la Generalitat para que empiece a aplicar la sentencia firme que impone un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas, aunque el Govern ya ha dicho que "no cambia nada" y prepara "un despliegue normativo". El TSJC ha declarado firme la sentencia que impone un 25 % de clases en castellano en las escuelas de Cataluña, y ha dado un plazo de diez días a la Generalitat para que empiece a aplicarla, con un máximo de dos meses para darle cumplimiento.
En su resolución, que puede ser recurrida, la letrada de la sala contenciosa del TSJC decreta la firmeza de la sentencia que el tribunal dictó en diciembre de 2020, una vez el Supremo ha decidido no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra el fallo. La sentencia ordena a la Generalitat garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias de las escuelas de Cataluña, aunque el Govern ya ha anunciado que no va a introducir ningún cambio en el modelo de inmersión lingüística.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado en su perfil en Twitter que "el catalán no se toca y la escuela catalana tampoco", y ha añadido que "no permitiremos que se ponga en riesgo la cohesión social". Aragonès ha explicado que "estamos trabajando en el despliegue normativo para reafirmar el modelo de escuela catalana" y ha pedido: "basta ya de politizar la educación".
En sentido análogo, el conseller de Educación, Josep González Cambray, ha afirmado que la resolución del TSJC "no cambia nada", por lo que la Generalitat "seguirá aplicando la Ley de Educación de Cataluña (LEC)". Según el conseller de Educación, su departamento responderá al TSJC cuando reciba la comunicación del tribunal, y aunque no ha avanzado los términos de la respuesta, sí que ha subrayado que desde la Generalitat se seguirá "dando cumplimiento a la LEC". La LEC, ha recordado, "marca que, al acabar la etapa de educación obligatoria, los alumnos deben tener asumidas las competencias en lengua castellana y catalana".
González Cambray ha lamentado "la judicialización" que sufre el modelo educativo catalán, a pesar de que éste "ha sido de éxito y de cohesión social durante décadas". También ha confirmado el compromiso del Govern de "desplegar un nuevo marco normativo para fortalecer y normalizar el modelo lingüístico en Cataluña".
Desde la entidad Òmnium Cultural y su presidente, Jordi Cuixart, han hecho un llamamiento a "defender el modelo de escuela catalana" y han pedido que "se ignore la sentencia". "Hace falta que se proteja al profesorado y al alumnado, y también que se garantice la cohesión social", ha apuntado Cuixart en un mensaje difundido en Twitter. Según el presidente de Òmnium, "no se puede acatar una sentencia que ataca la escuela, la lengua y la convivencia", y ha pedido "blindar un consenso básico, ejemplo de cohesión y orgullo de país".
Desde el polo opuesto a Òmnium, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, ha expresado su temor a que el Govern presente un recurso de reposición a la resolución del TSJC, pero ha indicado que le parece "perfecto" que el tribunal haya declarado firme la sentencia.
También ha indicado que, si la Generalitat no aplica la sentencia y el Gobierno central "no le obliga a hacerlo", entonces su asociación interpondrá "una demanda colectiva ante el TSJC para conseguir que se aplique y para la que contamos con el apoyo de 300 familias".
