El Gobierno de la Generalitat quiere usar al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) como "vehículo financiero" para gestionar los préstamos o avales del banco privado que esté dispuesto a cubrir las fianzas de los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas. Aunque no ha trascendido qué banco puede prestarse a avalar a los afectados, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha asegurado que ya lo están negociando.
El ente que, de momento, sí adopta un papel relevante es el del ICF. El preacuerdo de Govern entre ERC y la CUP especificaba que debía "transformarse en una banca pública". Una propuesta que, como explicó Vozpópuli, Giró tumbó al no tener recorrido posible. No obstante, sí se adaptarán sus funciones con el fin de que sirva para dar una salida momentánea a los cabecillas del procés para evitar que embarguen sus bienes y antes de que el Tribunal de Cuentas dicte sentencia.
"Si se ejecuta todo lo que pide el Tribunal de Cuentas, será el ICF quien acabe pagando", explican las fuentes consultadas por este medio. El banco que participe en este proceso, si es que finalmente algún banco quiere colaborar, no sufragará las multas. En última instancia, el riesgo recaerá en la Generalitat si alguno de los beneficiarios de estos avales no devuelve el dinero que les han dejado.
Giró busca blindar a la Generalitat
Giró ha intentando con esta "solución" de crear un fondo de diez millones de euros blindar jurídicamente al Gobierno. Para ello, será una suerte de préstamo que se deberá volver a las arcas públicas, y se cobrará intereses así como los costes asociados. "Si financian al 0% o por debajo del precio de mercado cometen una ilegalidad", detallan estas fuentes.
Los criterios para poder ser beneficiario del fondo es que no exista ninguna resolución judicial condenatoria en firme, que el riesgo no esté cubierto por otras aseguradoras de la administración y que la propia Generalitat no haya iniciado ninguna acción contra la persona encausada. En caso de cumplir estas condiciones será el ICF quien solicite un aval a una entidad financiera. La Generalitat hará de contra aval.
Es decir, el contra aval es un compromiso del deudor principal con el avalista. El banco garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas por un cliente, pero al mismo tiempo se cubre el riesgo de esta operación exigiendo al propio cliente o a un tercero garantizarlo.
Estrategia de Junts
Otras fuentes políticas consultadas por este medio se muestran "prudentes" hasta que el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publique el decreto. No excluyen que todo pueda ser una "campaña" para movilizar a la ciudadanía de cara a llenar las llamadas Cajas de Solidaridad que, en el pasado, sirvieron para sufragar las fianzas que exigía el Tribunal de Cuentas por la consulta del 9-N.
En esta ocasión, la ANC, quien gestiona dichas Cajas, se ha cerrado en banda y ha exigido que sea la Generalitat quien asuma las cantidades millonarias exigidas por el órgano fiscalizador. "Si el Govern se mantiene firme la ANC no podrá negarse a impulsar la Caja de Solidaridad", añaden estas fuentes.
También sirve a los de Carles Puigdemont para marcar perfil ante ERC. Los 'republicanos' se limitaron a pedir que fuera a través de la colecta ciudadana que se pagaran las fianzas, pero Junts ha ideado este fondo para buscar una solución. Si finalmente el Tribunal de Cuentas no acepta este fondo, y después del eco mediático generado con su propuesta de decreto ley, la ciudadanía puede estar más receptiva para llenar, de nuevo, las cajas.
El ICF pidió licencia bancaria
El ICF es una entidad financiera, de inversión, que en distintos momentos políticos ha buscado ser también una entidad de crédito, como el ICO, pero sin lograrlo. En octubre de 2013 el Parlament envió al Congreso una proposición de ley para adaptarla y que tuviera las mismas funciones que el ICO, pero no se llegó a debatir nunca. En aquel momento, Aragonès negó que se tratara de un paso previo para la futura creación de una banca pública catalana.
En la misma línea, el Ejecutivo catalán hizo un decreto para convertirla en una entidad de crédito, pero lo retiró después de que el Consejo de Garantías Estatutarias detectara errores en la forma y el fondo. Con el actual Govern, el propio ICF anunció mediante un comunicado que había iniciado el trámite en el Banco de España para lograr la licencia.
No obstante, desde el Departamento de Economía saben que este anhelo de tener una banca pública que opere como si Cataluña fuera un país, con acceso directo al BCE, es muy difícil de que prospere.
