El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, sigue empeñando en lograr el aval de una entidad financiera privada para cubrir los 5,4 millones que exige el Tribunal de Cuentas a los 34 encausados por los gastos exteriores del procés desde 2011 a 2017. El titular de Economía, que en un primer momento renunció a que el Institut Català de Finances (ICF) asumiera esta riesgo, cree que el fondo creado por la Generalitat para este asunto es plenamente legal y que no hay que descartar encontrar un banco que avale la totalidad o una parte del dinero requerido.
El espaldarazo del Consejo de Garantías Estatutarias, el máximo órgano consultivo en temas jurídicos de la Generalitat, al Fondo Complementario de Riesgos ha dado oxígeno al Govern. Y ahora esperan que la Abogacía del Estado dé el visto bueno a los avales de la Generalitat tras la decisión del Tribunal de Cuentas de recurrir a la Abogacía para resolver sobre la legalidad de los avales de la Generalitat.
El gran objetivo de Giró es sacar al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de esta operación con el fin de blindar a sus miembros ante una eventual denuncia en los tribunales, explican las fuentes consultadas. No hay que descartar que aunque los servicios jurídicos del Gobierno pudieran aceptar los avales públicos en este proceso contable, las denuncias presentadas por particulares o partidos políticos tuvieran recorrido en los tribunales.
Como informó este medio, nada más el conseller Giró anunció la creación del fondo dotado con 10 millones de euros para contraavalar a los exdirigentes nacionalistas investigados por el ente contable, un juzgado de guardia de Barcelona registró la primera denuncia de la asociación Convivència Cívica Catalana. Fue antes incluso de que el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicara el decreto de la creación del fondo y de que se decidiera usar al ICF para esta finalidad.
En la misma línea, la Fiscalía de Cataluña incoó diligencias para investigar los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) después de la denuncia interpuesta por el presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, en la que se cuestionó la legalidad de esta gestión al tratarse de fondos públicos.
Fuentes de la acción particular en el proceso contable también estudian la posibilidad de abrir la vía judicial contra el ICF si finalmente se aceptan sus avales. No se trata de cuestionar la decisión de la delegada instructora del Tribunal de Cuentas pero sí de impugnar dichos avales llevando el asunto ante los tribunales. Ya sea a través de un recurso administrativo o directamente abriendo la vía penal.
Más allá de la cuestión judicial y contable, fue en términos políticos muy importante para el Govern contar con una mayoría parlamentaria que convalidara el decreto del Fondo de Compensación de Riesgos. Aunque el Ejecutivo catalán no pudo seducir a En Comú Podem para dar su sí, ni los 'morados' ni el PSC se opusieron, y con su abstención el fondo pudo salir adelante.
Última tentativa de Giró
Este apoyo de la Cámara catalana es otro de los motivos con los que cuenta Giró para intentar atraer alguna entidad financiera en la operación. El conseller ha mantenido conversaciones con algunas de las principales entidades que colaboran con la administración autonómica, y Caixa d'Enginyers parecía una de las más dispuestas a escuchar las propuestas del político. Pero parece poco probable que esta alternativa prospere.
Cabe recordar que la decisión de que el ICF participara con su aval en el proceso contable en el Tribunal de Cuentas tensionó a la institución hasta el punto que dimitieron tres de sus consejeros y el presidente del ICF, Albert Castellanos, tuvo que usar su voto para resolver el empate entre los consejeros que se inclinaban por colaborar y quienes lo declinaban.
Giró y la fuga de empresas
Desde la llegada de Giró al frente del Departamento de Economía se consideró que el nuevo Govern de coalición iba a priorizar la gestión al proyecto rupturista y se ensalzó el "perfil técnico" del exdirector ejecutivo de Caixabank. El propio conseller en una de sus comparecencias en los medios sostuvo que "había muchas razones" para que todas las empresas y bancos que abandonaron Cataluña en los meses álgidos del procés volvieran a la región.
"Podemos intentar convencer y dar motivos para que vuelvan, pero son razones individuales quien decide irse o volver", afirmó en una entrevista en 'Preguntes Freqüents', en TV3. Giró, sin embargo, negó que hubiera razones objetivas para que se fueran así como que tuviera un impacto sobre la economía catalana: "En este momento, Cataluña continúa teniendo el 19,1% del PIB de España" y "120.000 empresas más que Madrid". Su optimismo es, ahora mismo, su mejor aliado para intentar que un banco decida asumir el riesgo con las fianzas a los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas.
