La cuestión inmigratoria no es una inquietud desconocida en la esfera convergente. Ya en 2002, Jordi Pujol alertó de que "no se puede permitir que la inmigración destruya nuestra identidad". Más recientemente, en 2023, el 'expresident' también pronosticó que los "catalanes podían acabar minorizados" ante "tanta y tanta inmigración". Ahora, las tesis pujolianas han retornado con fuerza en la formación, en parte por sus convicciones identitarias a veces excluyentes—como han evidenciado en relación a los catalanes castellanohablantes y al resto de españoles—, y en parte para no perder terreno ante la ultraderecha separatista que representa Aliança Catalana, que capta votos en el mismo caladero.
Que la inmigración iba a convertirse en una cuestión prioritaria para Junts se hizo evidente a mediados del enero pasado, cuando logró del PSOE el traspaso integral de las competencias en la materia a cambio de su apoyo a los decretos anticrisis. Tras el pacto, —aún por materializarse—, el director de Comunicación de Junts, Pere Martí Colom, dio a conocer en X por donde iban los tiros: "Tener las competencias en inmigración es esencial para construir la nación". Y al poco tiempo, su secretario general, Jordi Turull, aún fue más concreto en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde advirtió: "La gente que venga ha de saber que está en una nación en la que se habla catalán".
Pero ha sido esta semana cuando Junts ha mostrado finalmente sus cartas al respecto. Y lo ha hecho en una extensa ponencia ideológica en la que, bajo el título 'El país que queremos' y que será votada en el congreso del partido en octubre, resucitan la cuitas que atormentaban a Pujol. En el preámbulo del documento, los neoconvergentes defienden que la inmigración siempre ha constituido una riqueza para Cataluña. Pero, acto seguido, y amparándose en que las encuestas señalan que la preocupación sobre el asunto se ha disparado en los últimos tiempos, señalan que no hay un problema de mayor envergadura en la actualidad. Y tras citar someramente algunas de sus aristas, exponen la que juzgan principal: "la supervivencia de la catalanidad".
"Para una lengua minorizada como la catalana que no dispone de un Estado propio que la proteja, la llegada de un volumen importante de personas que no hablan catalán supone un reto añadido que no han de afrontar los estados independientes", indica el informe. Y advierte de que si Cataluña no consigue "cohesionar" a toda la ciudadanía en torno al monolingüismo en catalán, esta lengua está abocada a la extinción. Llegados a este punto, mantiene el documento, la única solución pasa por "gestionar la diversidad" en el "marco de la catalanidad".
Así, el texto propone ligar los futuros "derechos inclusivos" de la población inmigrante en Cataluña al catalán, una lengua de "obligado conocimiento" y que deberán "aprender en un periodo de tiempo razonable". A tal efecto, los "recién llegados" gozarán del derecho a "poder acceder a clases de catalán gratuitas en todas las franjas de la semana". Esto, a su vez, garantizará el derecho de la sociedad catalana a "poder ser atendida siempre en catalán" y no verse obligada a pasarse al castellano con personas de origen extranjero.
Además de las clases gratuitas, Junts plantea diseñar programas de "acogida e integración" en los que entidades del "ámbito cultural y deportivo" jueguen un papel clave. En este sentido, sostiene que "jugar en un equipo de fútbol" o "hacer 'castells" permitirán a los inmigrantes "aprender catalán" y "vivir los valores cívicos del país con naturalidad". Por otra parte, los neocovergentes no se olvidan de los personas extranjeras con discapacidad, para las que una de las principales ayudas serán las "acciones formativas en Lengua de Signos Catalana (LSC). Finalmente, el partido separatista se compromete a "trabajar intensamente" en que los nuevos catalanes —y sus descendientes— participen plenamente en la vida política y se incorporen con normalidad en "todos los proyectos de la construcción nacional" catalana.
