La normalización que Salvador Illa predica para Cataluña se pondrá a prueba hoy en el Parlament. El primer presidente de un Ejecutivo no separatista en 14 años, Salvador Illa, afronta esta tarde su primer Debate de Política General, que arrancará esta tarde con una intervención del 'president' sin limite temporal y seguirá miércoles y jueves con las intervenciones del resto de grupos parlamentarios y las votaciones de las resoluciones. En principio, Illa situará el foco en asuntos como la controvertida "financiación singular" para Cataluña, que ha levantado ampollas en el resto de España y en la Cataluña constitucionalista, pues según sus críticos atenta contra la redistribución y la solidaridad entre comunidades.
También está previsto que su alocución se centré en la cuestión de la vivienda —sobre la que se espera algún anuncio importante—. En concreto, sobre la regulación del alquiler de temporada, un asunto en el punto de mira después de que Junts tumbase en el Congreso la propuesta y a la que Esquerra y Comuns tratan de insuflar una vida paralela en el parlamento catalán. Asimismo, otro pilar sobre el que descansará el discurso de Illa será el lingüístico. Un extremo en el que ha sido acusado de continuista de las políticas nacionalistas por el constitucionalismo —creando una consejería de Política Lingüística que se opone al cumplimiento de las sentencias judiciales que exigen un 25% de castellano escolar y cuyo director, Francesc Xavier Vila, ha lanzado varios dardos contra los catalanes castellanoparlantes en su aún corta acción de gobierno—.
Los asuntos escogidos revelan la necesidad de Illa de complacer a sus socios de ERC y comunes, pendientes de que el primero cumpla sus acuerdos de investidura y a los que necesita para sacar adelante las cuentas de 2025. Los republicanos, pese a su entente con los socialistas, tratarán de marcar perfil frente a sus correligionarios secesionistas de Junts llevando a la palestra una proposición de referéndum pactado entre Cataluña y España para resolver el "conflicto político". Con la previsible negativa del PSC, Esquerra busca retratar su supuesto carácter "españolista", acusación que tanto los republicanos como los neoconvergentes le lanzan sin cesar.
En cuanto a Junts, y al margen de su pugna independentista con los republicanos, intentarán afianzar su faceta más pragmática en la cuestión de la vivienda, exigiendo "no criminalizar a los propietarios" y ofreciéndoles "más seguridad jurídica" —propuestas que los alejan de las tesis de PSC, ERC y Comuns—. Una cuestión en la que tendrán que rivalizar con el constitucionalismo del PP de Alejandro Fernández, que ha adelantado que pondrá el acento en los "problemas reales" como seguridad, educación, sanidad, impuestos y vivienda. En cualquier caso, la ocasión servirá para medir la solidez y la pregonada "normalidad" del Ejecutivo de Illa, frente a un secesionismo en parte desdibujado —con una ERC en plena crisis interna por el liderazgo y con un Junts que ha dejado vacante el papel de líder de la oposición hasta que no se resuelva la amnistía—.
