Las exigencias de Junts para aprobar el techo de gasto fuerzan a Montero a una reforma express de las cuentas

La humillación que Junts infligió a Pedro Sánchez la semana pasada a cuenta del alquiler de temporada no invitaba al optimismo sobre su posible respaldo mañana al techo de gasto—al menos, en su actual formulación—. Y es que, a tres minutos de la votación, cambió el sentido de su voto y tumbó la medida, después de que Pedro Sánchez se hubiera personado en el hemiciclo confiando en que saldría adelante. Desde ese momento, los neoconvergentes han estado escenificando sin contemplaciones su dominio sobre el Gobierno de coalición, cuya conocida fragilidad parlamentaria les aboca a depender de los siete votos de los de Carles Puigdemont. De momento, el Gobierno ha decidido aplazar una votación clave para los futuros Presupuestos con el ánimo de entablar una negociación a la desesperada e in extremis en la que la vicepresidenta María Jesús Montero dispone de muy poco margen con el que convencer a Junts.

El jueves pasado, el dirigente prófugo ya avanzó en X su no a la senda de estabilidad: “A lo mismo que votamos que no, volveremos a votar que no”. Y agregó que los suyos solo se planteaban virar de postura si el Ejecutivo cambiaba la suya. Dos días más tarde, los socialistas, en un gesto que denotaba su inquietud, se aprestaron a reunirse con Puigdemont en los alrededores de Ginebra para que éste les concediera su apoyo a la senda de estabilidad, pero el dirigente nacionalista no dio su brazo a torcer. Es más, en el encuentro, del que trascendió la tirantez que reinaba en el ambiente, Puigdemont espetó a sus interlocutores que “ni siquiera es momento de hablar de esto ahora” —una frase con reminiscencias del clásico pujoliano “això no toca” (“esto no toca”), que el patriarca convergente pronunciaba cuando no deseaba abordar un asunto—.

Ese mismo día, Puigdemont insistió en redes sociales sobre su particular concepción de la negociación política, desvinculada de proyectos compartidos y ceñida a sus intereses exclusivos. “Nuestro voto en relación con el techo de gasto no se decidirá con el objetivo de estabilizar o desgastar sino en función de lo que existe en la mesa de negociación para este caso concreto. Cada cosa tiene su negociación y objetivos. Y es necesario negociar pieza a pieza”, puntualizó. A continuación, aclaró que un posible respaldo siempre será condicional: “Ponernos de acuerdo en una cuestión no prejuzga que en la siguiente cuestión ya estaremos de acuerdo. Y al revés: que en una no hayamos puesto de acuerdo no presupone que en la siguiente tampoco nos pondremos”.

La presión a los socialistas fue redoblada el lunes por su mano derecha, Jordi Turull, que, en un lenguaje mimético al de Puigdemont anunció que votarían en contra del techo de gasto: “Lo hemos dejado claro, si presentan la misma propuesta de julio, votaremos en contra”. El obstruccionismo de los neoconvergentes —que el 23 de julio ya tumbaron a última hora la senda de estabilidad— se radicalizó con el plus de escarnio antes mencionado tras la investidura de Illa, que los socialistas entienden como el motivo real de su actual actitud. Los neoconvergentes, sin embargo, se parapetan tras un aparente y glacial pragmatismo, aunque reconocen su malestar ante los incumplimientos del Gobierno sobre la oficialidad del catalán en la UE —en dique seco— o que el Estado no ceda las competencias de inmigración a Cataluña.

Pero a nadie se le escapa que Junts está jugando con la desesperación del Gobierno. Éste, por una parte, ha multiplicado los gestos y conversaciones con los nacionalistas, y aseguran que Montero negociará “hasta el último momento” para persuadirlos. No obstante, por otra, parecen haber interiorizado la alta probabilidad de que el techo de gasto no salga adelante incluso en próximas semanas —y si lo hace, sería al gusto de Junts— con lo que a principios de semana ya empezó a diseminar la idea de que una derrota sería responsabilidad del Partido Popular —y no de sus socios secesionistas—.

En cualquier caso, los socialistas confían en que el Congreso de noviembre de Junts ponga fin a la estrategia de castigo feroz de los de Puigdemont —en el supuesto de que si éste afianza su liderazgo, recobrará la serenidad— Sea como sea, el revanchismo del dirigente nacionalista—un líder que ha sido criticado por tomar decisiones a golpe de víscera, como cuando declaró la DUI en 2017 después de que Rufián le llamase “traidor” en X— lo convierten en un socio tornadizo e inestable. Rasgos que, por extensión, se proyectarán inevitablemente sobre la legislatura. Mañana, un nuevo capítulo en el Congreso.