La fiebre por el cobre no solo se reduce a los robos de las instalaciones ferroviarias catalanas, con cifras récord en toda España, sino que se extiende también a las constructoras. Tanto este material como cables, pequeñas herramientas y combustible son extraídos de las compañías por un valor que asciende a los 10.000 euros e incluso las mafias que operan en las construcciones también se llevan tuberías, teléfonos móviles y ordenados. En el sector existe una especie de dinámica de acuerdos tácitos entre estas mafias, que se presentan como compañías de seguridad que no están registradas y son ilegales, que protegen la zona, si bien si las empresas se niegan a contratar sus servicios son extorsionadas. La forma de persuasión es a pulso: empiezan a desaparecer equipos y herramientas de construcción y al cabo de unos días se presentan ante el capataz de obra para ofrecer sus servicios y si acepta les devuelven lo robado.
Como explica Ignacio González, director de la empresa de videovigilancia BauWatch España a Vozpópuli, hasta un 66% de las obras contratan este tipo de empresas ilegales con la única ventaja del precio. "Ofrecen precios más baratos porque no están registrados. Ofrecen servicios de mantenimiento o control de accesos, pero también hacen el servicio de seguridad cuando no están autorizados a prestarlo. Lo que no saben los constructores que recurren a estos servicios es que la multa puede alcanzar los 100.000 euros", explica. Cataluña lidera el ránking de esta problemática y la región de Barcelona es la que presenta mayor índice de este tipo de contrataciones. "Se puede decir que hay un monopolio o incluso grupos delictivos", expresa González.
El contexto global habría tenido una repercusión directa en el incremento de estas actuaciones. El tamaño del mercado de la construcción se estima que llegará a ser de 176.210 millones de euros en 2024, y se espera que alcance los 204.290 millones de euros en 2029. A pesar del fuerte crecimiento, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística indican que los costes de construcción de edificios, incluyendo mano de obra y materiales, han crecido anualmente más de un 14%. Con el aumento del coste de los materiales de construcción y de los gastos de manutención, el riesgo de delincuencia en las obras ha aumentado por la revalorización.
Como explican fuentes de los Mossos, la mayoría de los casos de estas contrataciones no se denuncian por sanción a la que se enfrenta la compañía una vez ha hecho uso de esos servicios no regulados. Sin embargo, como puntualiza Octavio Canseco, abogado en Clifford Chance, es posible realizar una comprobación de que la empresa cuenta con la correspondiente autorización para la prestación de uno o varios servicios de seguridad privada. Esto puede realizarse en la web institucional de la Policía Nacional, en su apartado dedicado a Seguridad Privada, en la cual se publica periódicamente un listado actualizado de las empresas de seguridad privada que están debidamente registradas.
"No todas las empresas de seguridad privada están autorizadas a realizar todo tipo de actividades de seguridad privada: existen requisitos específicos para cada tipo de servicio, por ejemplo, videovigilancia, custodia de bienes, etc.)" apunta Canseco. En caso de ser conocedores de o ser contactados por una empresa, entidad o meros particulares no registrados que ofrezcan este tipo de servicios, su recomendación es denunciar dicha oferta ante la Policía Nacional (o la policía autonómica competente, según el caso), que realizará la investigación oportuna. Si se demuestra la infracción, procederá a imponer una sanción a la empresa, entidad o persona física no registrada y a impedir que actúe ilegalmente en el mercado de la seguridad privada.
