El PP no ha elaborado un sesudo programa para las elecciones catalanas, sino una batería de 50 medidas a la que ha llamado Plan para Cataluña. Los populares han reducido a la mitad sus iniciativas respecto a febrero de 2021, cuando Alejandro Fernández puso encima de la mesa 101 propuestas para una Cataluña mejor. Un centenar de promesas que apenas se tradujeron en tres diputados, el peor resultado histórico de la formación en la región, aunque si bien enmarcado en plena crisis de identidad de Pablo Casado. Por ello, el PP ha sintetizado su oferta buscando mayor concreción en los mensajes. Menos es más.
Las vigas maestras del documento, al que ha accedido este periódico, ya han sido desgranadas por el candidato del PP y por el líder nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, con una intensa presencia durante la campaña. Este mismo martes, durante un mitin en Cornellá (Barcelona), Feijóo pidió "el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios". Un mensaje migratorio contenido el documento –bajo el epígrafe de Plan de Choque contra la inseguridad, con cuatro medidas, como la expulsión de los extranjeros multirreincidentes– y desplegado por el líder del PP para disputar de tú a tú el voto a Vox a horas de que los catalanes se enfrenten a las urnas.
No obstante, a cuatro días para las elecciones, los populares todavía guardan balas en la recámara para tratar de ensanchar su electorado in extremis. Iniciativas como reducir a la mitad el presupuesto de TV3 y Catalunya Ràdio, recortar –también al 50%– los altos cargos, el sector público institucional y los consejeros del Govern actualmente soportados por la Generalitat de Cataluña y eliminar la red de 21 'embajadas' catalanas.
"Los medios públicos catalanes volverán a ser un servicio público que trate con respeto a todos los catalanes", aseguran los populares en la hoja de ruta que guardan bajo llave. Y es que la imparcialidad de la televisión y la radio pública catalana siempre ha sido puesta en jaque por la oposición no catalanista, ideado el canal como uno de los motores identitarios del nacionalismo desde que Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Alfons Quintà –hay que leer El hijo del chófer (Tusquets, 2020)– lo echaran a andar en 1983.
"Con eso en Castilla León tienen una buena televisión", zanjan fuentes cercanas al líder del PP catalán. Otras subrayan que se trata de la "televisión pública autonómica más cara de España, más del doble que la vasca, que es la segunda", que su "calidad" cada vez es menor y que "supera en gasto" a televisiones privadas de ámbito nacional como Antena 3 o Telecinco.
Más de 100M en Acción Exterior
El PP enmarca estas medidas dentro de su propósito de "adelgazamiento radical de la estructura política de la Generalitat". Y es que el espíritu del Plan para Cataluña tiene un marcada tendencia liberal, más escorada a la gestión que a la batalla ideológica, una de las señas de su candidato, siendo las iniciativas reveladas las más que más se arremangan contra el status quo independentista.
Es por ello que el PP ha hecho más hincapié en otras medidas del programa, ésas llamadas a revertir la "decadencia" a la que Alejandro Fernández insiste que han llevado los gobiernos de CiU, sus herederos, PSC y ERC. Apuestas en Sanidad, como una lista de espera cero, tratando en hospitales privados las operaciones que extiendan más de 100 días; en materia fiscal, como la bonificación del 100% durante tres años del tramo autonómico del IRPF para las mujeres a partir de su segundo hijo; o en Vivienda, con una exención del 100% del ITP para la compra de vivienda en los menores de 35 años.
No obstante, el PP también subraya la nota económica de esas medidas contenidas en su plan de "adelgazamiento radical de estructura política" autonómica. Porque, más allá del menguar el presupuesto de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales –de 330 millones de euros en 2024– a la mitad, el Departamento de Acción Exterior y Unión Europea creció un 17% sólo en 2022 y su coste ya supera los 100 millones de euros. Hablamos de una red cuyo objetivo es dotar a Cataluña de apariencia de Estado en el exterior, cuyos 'embajadores' se embolsan alrededor de 92.000 euros anuales y cerradas, salvo la delegación en Bruselas, durante la aplicación del 155 de la Constitución tras el 1-O. "Despertémonos, porque la mejor forma de prepararnos para ser un estado es empezar a actuar tanto como podamos, como si lo fuéramos", dijo en 2022 Victòria Alsina, exconsejera de Acción Exterior, durante un acto de presentación de nuevas sucursales.
