La característica que más se ha subrayado respecto al nuevo Govern es la de su "normalidad". Tras los turbulentos años del 'procés' y de las disruptivas políticas del secesionismo, el propio Salvador Illa ha insistido en que la nueva etapa está presidida por una "progresiva normalización política, institucional y social", tal y como destacó en la valoración de sus primeros 100 días al frente de la Generalitat. Es cierto que el 'president' ha adoptado gestos inéditos en las últimas legislaturas como asistir al desfile de las fuerzas armadas en Madrid el Día de la Hispanidad o reunirse con Felipe VI en varias ocasiones. Sin embargo, aún resta por normalizar un elemento clave en lo que a símbolos se refiere: la bandera nacional.
Y es que, pese a que hemos observar la presencia de la bandera española en algunos actos puntuales protagonizados por Illa —lo cual ha sido señalado con profusión por los medios—, su inclusión en la vida institucional catalana continúa siendo anecdótica. Por ejemplo, la enseña no figura en la Sala Tarradellas, en la que el Ejecutivo se reúne acompañado solamente de la 'senyera' y un cuadro de Tàpies. Tampoco, en los despachos del Palau. Y, el jueves pasado, la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano (IC) requirió al 'conseller' de Acción Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, para que colocase la bandera de España en la fachada de su sede, en la Casa dels Canonges, donde, de nuevo, solo ondea la de Cataluña. Si transcurridos diez días no lo hecho, el colectivo ha advertido que interpondrá un recurso contra la Generalitat. Duch, de momento, ha dado la callada por respuesta.
Pero el Palau de la Generalitat no es el único edificio oficial gobernado por el PSC en el que la bandera nacional sigue 'cancelada'. Según datos recogidos por IC, hace dos años más de la mitad de los ayuntamientos gobernados por los socialistas catalanes escamoteaban esta enseña (31 de 58). Y, en algunos consistorios, sus alcaldes han mostrado una resistencia feroz a cumplir con las sentencias judiciales que les obligan a exhibirla, recurriendo a todo tipo de ardides para no hacerlo. Es el caso de Cardedeu (Barcelona), donde Josep Quesada, se demoró hasta dos meses en instalar la insignia tras verse exhortado a ello por la jueza el pasado mayo. Solo tres días después, miembros de la CUP retiraron la bandera española, que posteriormente fue quemada en unas fiestas por unos encapuchados —también pertenecientes a la formación anticapitalista—.
El pretexto de la lavanderia
No menos rocambolesca ha sido la peripecia vivida al respecto en Molins de Rey, otro Ayuntamiento de la provincia de Barcelona en manos del PSC. Allí, el regidor Jordi Paz colocó la bandera en el tejado cuando fue requerido por los tribunales, tomó una fotografía de ella y, acto seguido, la retiró. A los pocos días, se envaneció en un programa radiofónico de su treta para eludir la ley —que repetía cada vez que el magistrado le exigía colgar la enseña—. La tomadura de pelo llegó hasta el extremo de que el TSJC precisó a Paz que debía exhibir la bandera de "forma permanente". "Cuando la bandera requiera ser lavada, o esté deteriorada por cualquier causa, el Ayuntamiento deberá sustituirla por otra limpia y/o nueva de forma inmediata», añadió el togado. Y es que una de las excusas brindada por el consistorio para no instalar la enseña era que se encontraba en la lavandería. En la actualidad, permanece colgada en el mástil.
Finalmente, en Centelles, el alcalde socialista y diputado en el Congreso por Barcelona Josep Paré se avino a colocar la bandera rojigualda tras las medidas cautelares dictadas por el juez. No obstante, en lugar de instalarla en la fachada principal del Ayuntamiento —donde ondean dos enseñas enormes de Cataluña y Europa—, lo hizo en una almena de una torre adyacente —y con un tamaño calificado por los críticos de "ridículo"—. Y aunque el TSJC ha invalidado esta artimaña, aún no ha sido reparada.
Todos los fallos anteriores fueron dictados tras recursos de IC, que a principios de año hizo lo propio contra la ausencia de la bandera nacional en las dependencias interiores de la Generalitat y actos oficiales. Pero aún se encuentra pendiente de sentencia. La duda reside en si el nuevo Govern esperará a que lo dicten los tribunales para cumplir con la legalidad.
