El nacionalismo 'soft' desplegado por Illa en el arranque de la legislatura le ha valido numerosas comparaciones con la antigua Convergència. Y es que empresas como el concierto fiscal o su plan de choque a favor del monolingüismo en catalán podrían llevar la firma de un partido nacionalista sin despertar sorpresa alguna. Hasta el impulsor del 'procés', el 'expresident' Artur Mas, le ha reconocido al mandatorio socialista un "talante convergente". Este perfil coloca en una tesitura difícil al secesionismo catalán, que necesita cargar las tintas con el supuesto españolismo de Illa para que éste no siga colonizando su espacio.
En este sentido, la comisaría de Vía Laietana se ha convertido estos días en el nuevo campo de batalla para que el separatismo marque perfil frente al PSC. La caja de los truenos la abrió la semana pasada el 'conseller' de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espalader —exdirigente de la extinta Unió— que abogó por "resignificar" el centro pero "sin poner el acento en echar a la Policía Nacional". Con ello, Espalader trataba de complacer a ERC —que pactó con Sánchez convertir las dependencias en un memorial del franquismo a cambio de su investidura— al tiempo que al constitucionalismo —cuyos manifestantes durante el 'procés' convirtieron el lugar en un símbolo antiseparatista—.
Este ejercicio de equilibrismo no ha tardado en ser aprovechado por el secesionismo, que, como es sabido, aboga por expulsar definitivamente a los agentes de Vía Laietana. Las entidades Òmnium Cultural e Irídia presentaron ayer la denuncia de las hermanas Eva y Blanca Serra por las torturas sufridas en sus oficinas durante la Transición. Tal y como explicó Irídia —un colectivo de extrema izquierda que recientemente rechazó aplicar la amnistía a la policía del 1-O—, se trata del primer caso llevado a la Fiscalía especializada en Derechos Humanos y Memoria de Barcelona para investigar crímenes de lesa humanidad.
Un "paso adelante" para el nacionalismo
En su intervención, Serra describió la denuncia como un "paso adelante" personal, pero también como "país" (en alusión a Cataluña). Tampoco olvidó la dimensión feminista de su querella, pues el "hecho de ser mujeres implicaba una violencia diferenciada, reforzada por el patriarcado profundo de la época". Por su parte, el presidente de Òmnium, Xavier Antich sentenció que es "una vergüenza" convertir la comisaría en un "espacio de memoria" pero mantenerlo como "sede policial". Y es que, a su juicio, solo desalojando del centro a la policía española "se podrá hablar de normalidad democrática".
La operación se completa con la convocatoria este domingo de una concentración frente a la prefectura barcelonesa. Los que acudan a la protesta podrán contemplar una exposición artística y participar en actividades para exigir la "transformación" de la comisaría en un "espacio de memoria y justicia". Esta concentración se suma a las que viene realizando dos veces al mes la Assemblea Nacional Catalana, para cuyos activistas el centro es sinónimo de "tortura y represión". En uno de estos actos pronunció un discurso el pasado septiembre el exterrorista de Terra Lliure Carles Sastre, condenado haber matado con una bomba en el pecho al empresario Josep María Bultó. Sastre defendió que las torturas no fueron exclusivas del franquismo, manteniendo que siguieron practicándose, como mínimo, hasta los años 90.