La causa contra el empresario Alberto González Amador está más cerca que nunca de concluir con un acuerdo de conformidad penal. Este movimiento evitaría el ingreso de prisión del novio Isabel Díaz Ayuso, a cambio de que este reconozca la comisión de los delitos fiscales que se le imputan. La defensa de pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid lleva trabajando en esta línea, incluso, desde antes de que la jueza que sigue la causa en instrucción acordara la apertura de diligencias.
El empresario, que había sido citado a declarar este lunes en calidad de imputado, no se ha sentado aún ante la jueza. Finalmente, la magistrada Inmaculada Iglesias ha ordenado posponer su declaración para el próximo 24 de junio, a fin de promover que todos los imputados en el procedimiento -en total cinco- puedan acudir a declarar el mismo día.
El aplazamiento de la declaración, aceptado por unanimidad por todas las partes personadas en el proceso judicial, proporciona más tiempo a González Amador para que pueda llegar a un acuerdo de conformidad que dé carpetazo a su caso. Este deberá ser aceptado por el Ministerio Público y por la Abogacía del Estado, que ejerce en este caso la acusación particular en representación de Hacienda.
La defensa de pareja de la presidenta 'popular' lleva trabajando en esta línea desde que en el año 2023 el empresario presentara la declaración fiscal del ejercicio anterior, intentando saldar su deuda con el pago de varios cientos de miles de euros de más. La estrategia del administrador de Maxwell Cremona SL no evitó, no obstante, que la Fiscalía de Madrid presentara el pasado mes de marzo una denuncia contra él por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y uno de falsedad en documento mercantil. Finalmente, la titular del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid acordó abrir diligencias contra los cinco empresarios por un presunto fraude tributario relativo al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, atribuido a la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento de Medioambiente.
El novio de Ayuso propone un acuerdo a la Fiscalía
No obstante, la pareja de Isabel Díaz Ayuso intentó evitar este escenario ofreciendo a la Fiscalía de Madrid un acuerdo de conformidad. Tal y como se filtró posteriormente a los medios, el abogado de Alberto González Amador remitió al Ministerio Público un documento bajo el título "propuesta de conformidad penal" en el que comunicaba su intención de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal.
En este email, su letrado informaba sobre la disposición de su cliente a reconocer que "ciertamente" había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. El trato consistía en aceptar una condena de ocho meses de cárcel, lo que evitaría su ingreso en prisión, y el pago de 525.000 euros, casi 200.000 euros más de lo que habría defraudado a la Administración.
Sin embargo, la oferta de la defensa no fue suficiente y el 7 de febrero de 2024, el fiscal encargado del asunto decretó la conclusión de las diligencias de investigación y acordó la interposición de una denuncia contra González Amador y otros cuatro empresarios. Cinco días, después, el representante del Ministerio Público envió su respuesta al abogado de la pareja de Ayuso. La Fiscalía manifestaba que tomaba nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudada", sin que considere que la existencia de otras personas implicadas pudiera suponer un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.
Finalmente, el Ministerio Público formalizó la denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla tras recibir un informe de la Agencia Tributaria, que había investigado la actividad de González Amador y sus colaboradores durante meses. El hecho es que este tipo de acuerdos suelen firmarse una vez haya comenzado el proceso judicial, escenario que llegaría más tarde a cuenta de la jueza Inmaculada Iglesias.
Fraude a Hacienda y comisiones por la venta de mascarillas
Por el momento, todavía queda esclarecer cuál será la estrategia a seguir por el resto de los investigados por el fraude al erario público. La pareja de la presidenta madrileña y los otros tres empresarios se enfrentan a dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil. Entre los imputados se encuentran Maxiliamo Niederes, quien presuntamente habría colaborado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid para la supuesta expedición de facturas por servicios ficticios, y tres vecinos de la localidad de Arahal (Sevilla).
En el auto de apertura de diligencias, la magistrada Inmaculada Iglesias detalla que la sociedad Maxwell Cremona, cuyo administrador único es el novio de Ayuso, incrementó el volumen de su negocio durante esos ejercicios y dedujo indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden realmente con los servicios prestados.
El motivo de la presunta ocultación de facturas sería una comisión de dos millones de euros. Dinero que la pareja sentimental de la presidenta madrileña habría cobrado tras mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. En concreto, el empresario habría intervenido entre FCS Select Products y la firma gallega Mape Asesores para suministrar las mascarillas al Ministerio de Sanidad.
No obstante, este no es el único frente judicial de la pareja de Ayuso. La causa que sigue el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid avanza en paralelo a la querella interpuesta el empresario madrileño contra la Fiscalía por revelación de secretos, a los que acusa de filtrar a los medios los correos privados intercambiados entre su letrado Carlos Neira y el fiscal Julián Salto.
Ahora, tras la admisión a trámite de la querella por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es el fiscal Diego lucas Álvarez el que seguirá la causa pendiente en instrucción. El próximo viernes González Amador cambiará de papel al de denunciante ante el TSJM, donde podrá ratificar su querella.
UnodeTantos
Los inspectores que han levantado el acta ya han cobrado su comisión. La fiscalía hace seguidismo de la AEAT, según Ruíz Jarabo, director de la AEATtienen presunción de veracidad las actuaciones e informes de esos funcionarios que han inspeccionado a A. González, con lo que se invierte la carga de la prueba. Por otra parte, los abogados del Estado ya están pagados, no es mayor coste para la AEAT. Motivos para el acuerdo: Estos pleitos pueden durar muchos años, lo que implica mucho gasto de abogados, mucha paciencia. Xakira pagó millones de euros para evitar la cárcel, Alonso y otros fueron hasta el final y ganaron, creo que en la última instancia porque el Estado se lo puede permitir, lo pagamos nosotros. Si A. González gana, la AEAT no paga la totalidad de los gastos de abogado ya que paga según unas tablas de valores. Si hay acuerdo no hay juicio y si no hay juicio evita una posible condena, que podrás recurrir pero consumirá tiempo y dinero. Si hay acuerdo no hay juicio y el asunto termina antes disminuyendo los gastos. Si hay acuerdo no hay juicio y se evita la posible carcel.
Stephen Dedalus
O sea, que se confirma que delinquió.