El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha anunciado este sábado que su organización no firmará acuerdos con la patronal que impliquen una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores en el periodo 2022-2024 y ha avanzado que habrá protestas en la segunda parte del año si la CEOE mantiene su intención de acabar con las cláusulas de revisión salarial.
En declaraciones a los periodistas, durante su visita al municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros para participar en el Día de Castilla y León, Sordo ha lanzado un "mensaje muy taxativo" a los dirigentes de la patronal, a quienes ha alertado de "un intenso proceso de movilización" para asegurar que los convenios colectivos mantienen el poder adquisitivo, ya que los trabajadores "no pueden volver a pagar" esta crisis, como ocurrió hace una década.
Sordo ha confiado en que el cambio de tendencia que espera para la segunda parte del año en materia de precios y la estabilización de la contratación, con datos actuales que ha calificado de "espectaculares", sirvan para reconducir estas negociaciones con la patronal.
En este mismo contexto, el dirigente sindical ha calificado de "temeridad, incongruencia y locura económica" que alguien plantee "una bajada generalizada de impuestos en España", en una semana marcada por la propuesta de reducción fiscal planteada por el PP de Alberto Núñez Feijóo.
Sordo ha contrastado esa dinámica de reducción fiscal con la demanda de la sociedad a las instituciones y los gobiernos de mantenimiento de los servicios públicos en momentos como los vividos los dos últimos años en pandemia, pero también con situaciones como la actual, con reivindicaciones para que se salvaguarden los intereses de los transportistas y se digitalice la economía.
"Eso es totalmente incompatible con una bajada generalizada de impuestos. Si España acomete esa política se metería en una situación de intervención externa en menos de un lustro y no podemos volver a las políticas de austeridad", ha argumentado, convencido de que lo que debe haber es una equiparación de la presión fiscal en España, 5,5 puntos por debajo de la media europea, lo que implicarían unos 60.000 millones de euros.
