Carlos Dívar renunció a su cargo el pasado jueves y podía haberse oficializado su salida el domingo 24 de junio, pero finalmente seguirá siendo el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo hasta el próximo 1 de julio. Siete días 'extra' como máximo responsable de los jueces españoles provocados, según denuncian fuentes del propio Poder Judicial, por la "intencionada" lentitud del Ministerio de Justicia en tramitar el preceptivo Real Decreto que debe oficializar su relevo. Siete días, recalcan estas mismas fuentes, por los que el aún presidente del órgano de gobierno de los jueces cobrará 2.457,27 euros brutos, lo que le permitirán percibir íntegra su nómina de junio: 10.531,19 euros.
Desde su renuncia, Dívar ha dejado de asistir a actos oficiales pese a que sigue siendo formalmente el presidente del CGPJ
Según denuncian estas fuentes, el CGPJ informó al Ministerio de Justicia del cese de su polémico presidente el mismo jueves que se produjo su renuncia al cargo. Idéntica comunicación remitió a la Casa Real, al Congreso, al Senado y, por cortesía, al Tribunal Constitucional. La rapidez en informar del acuerdo del pleno al departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón no tuvo, sin embargo, una respuesta parecida en éste, que incluso pidió una aclaración sobre la nota enviada. Según fuentes jurídicas, la ley que regula el funcionamiento del Consejo señala que la dimisión de su presidente no necesita más trámite que la publicación en el BOE de un Real Decreto que debe ser refrendado por el presidente del Ejecutivo, pero sin necesidad de pasar por el Consejo de Ministros.
Sin embargo, el equipo de Gallardón anunció entonces que llevaría dicho texto legal a la reunión de los viernes del Gobierno, en concreto, a la del próximo 29 de junio. "Si tan necesario creía el ministro ese paso, podía haber llevado el cese de Dívar al Consejo de Ministros que se celebró el viernes pasado, al día siguiente de la renuncia, y, sin embargo, no lo hizo", denunciaban ayer a Vozpópuli desde el Consejo. De hecho, esta "maniobra", como la califican varias fuentes consultadas, es considerada dentro del propio CGPJ como una "interferencia insólita y sin base legal que nos aboca a una ridícula situación en la que tenemos un presidente que no ejerce como tal".
De hecho, desde que presentó su dimisión, Dívar no ha vuelto a participar en ninguna actividad oficial del Consejo. El domingo, fue el vicepresidente Fernando de Rosa el que presidió el acto protocolario de izado de la bandera en la madrileña Plaza de Colón. Tampoco está prevista, en prinicipio, su presencia en la reunión de la Comisión Permanente que se celebra hoy martes. Ni en una cena oficial con el príncipe Felipe de esta misma noche. Tampoco acudirá al pleno ordinario del CGPJ que se celebra el jueves. El único acto al que ha asistido desde que hizo pública su renuncia al cargo ha sido la reunión de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo celebrada ayer y en la que comunicó a los miembros de la misma de su dimisión.
El papel del secretario de Estado
Fuentes de la institución consultadas recalcan que este retraso en su salida ha sido solicitada por el propio Dívar como un 'último favor' al ministro de Justicia, de quien se había convertido en su principal aliado dentro de la judicatura. De hecho, la mano derecha de Gallardón en el departamento, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha sido hasta el último momento su gran valedor durante a la crisis por sus viajes de fin de semana. En este sentido, las fuentes consultadas recuerdan que Román fue el jefe del Gabinete Técnico y asistente de Carlos Dívar en el Tribunal Supremo antes de que saltase al Gobierno tras el triunfo del PP en las elecciones generales de noviembre pasado.
El secretario de Justicia fue también el encargado de realizar una de las últimas maniobras del Gobierno para intentar evitar la caída del presidente del CGPJ. Como adelantó este diario el pasado sábado, Román se puso en contacto telefónico con Jesús Chamorro, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la judicatura, para pedirle que los seis vocales del Consejo adscritos a la misma votaran en contra de la salida de Dívar de la institución. Román, que se encontró con la negativa de la APM a seguir respaldando al entonces ya muy cuestionado presidente del órgano de gobierno de los jueces, les llegó supuestamente a advertir que su negativa sería considerada una "declaración de hostilidades".
En el seno del Consejo ha empezado a calar la idea de que el 'favor' a Dívar para retrasar su salida oficial del cargo es también una jugada de Justicia para mantener la provisionalidad del CGPJ hasta septiembre. Para ese mes, Ruiz-Gallardón tiene previsto la reforma de la ley que rige el funcionamiento de la institución y en la que plantea que solo cinco de los 20 vocales del órgano cobren por dedicación exclusiva. El resto de integrantes recibiría una asignación por su asistencia a los plenos o las actividades que desarrollen en el órgano. Una reforma de calado a la que un Consejo con un presidente en 'funciones' no podrá hacer frente.
