De nuevo, la crisis como argumento. El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha asegurado este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que si el Ejecutivo de Mariano Rajoy salió en defensa de Carlos Dívar, el dimitido presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, fue para “fortalecer” a las instituciones ante la necesidad de España de evitar dar al exterior una imagen negativa.
En respuesta al diputado de IU Gaspar Llamazares, el número 2 del Ministerio recalcó que pese al escándalo de los gastos de fin de semana de Dívar, el departamento desconoce aún hoy “la existencia de ninguna irregularidad de tipo financiero” en las cuentas de la institución.
En su intervención, Fernando Roman reconoció que el caso había provocado “preocupación” en el ministerio porque afectaba seriamente a la imagen de la propia institución y de la Justicia, pero se limitó a mostrar su esperanza de una “vuelta a la normalidad cuanto antes”, en línea con el mirar hacia delante que lanzó hace unos días el máximo responsable del departamento, Alberto Ruiz-Gallardón.
Román, que fue jefe de gabinete del propio Dívar en el Supremo antes de que Gallardón le nombrara secretario de Estado de Justicia, aseguró que en todo momento el Ejecutivo había mantenido “la prudencia y la distancia necesarias” en el escándalo y recordó que los pronunciamientos del Tribunal Supremo y la Fiscalía habían descartado la existencia de delito en los polémicos viajes.
Ante la crítica de Llamazares de que la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, telefonease a una vocal del Consejo para presionarla que respaldase al dimitido máximo representante de los jueces, como adelantó en exclusiva Vozpópuli, Román se ha limitado a afirmar que “desde el Gobierno respetamos la separación de poderes”.
