El empecinamiento de Carlos Dívar por mantenerse en al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde que se destapó el escándalo de sus viajes con fondos públicos a Marbella tenía una explicación política: el Gobierno de Mariano Rajoy maniobró para mantenerle en su cargo incluso después de que se conocieran las supuestas irregularidades en sus gastos de protocolo. La presión del Ejecutivo fue doble y la ejercieron tanto la vicepresidencia del Gobierno como el ministerio de Justicia.
La presión del Ministerio de Justicia la ejerció Fernando Román, secretario de Estado del departamento y antiguo jefe del Gabinete Técnico y asistente de Carlos Dívar en el Tribunal Supremo. Antes de que el pasado sábado se tratara en el pleno extraordinario el cese de la máxima autoridad judicial española, Román telefoneó a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la judicatura, según han confirmado fuentes del poder judicial.
Román mantuvo una conversación con su presidente, Jesús Chamorro, en la que aseguró hablar en nombre del ministro y en la que recalcó que el cese de Dívar sería considerado por el Ministerio como una "declaración de hostilidades". El tono se enconó de tal manera que el representante de la asociación judicial zanjó la conversación con el mensaje de que "si el ministro tenía algo que decir, que llamara personalmente". Ruiiz-Gallardón nunca lo hizo.
Fuentes del Ministerio de Justicia negaron ayer ninguna presión "directa" de Ruiz-Gallardón y aseguraron que "no hay ningún juez al que haya llamado directamente el ministro". La defensa de Dívar fue tan cerrada que fuentes judiciales interpretan que podría haberse mantenido en el cargo cuando expirara su mandato en el plazo de 15 meses. Justicia también niega que existiera ningún compromiso por parte del máximo responsable del departamento para mantener a Dívar en su cargo.
Justicia trasladó a la APM que el cese de Dívar sería considerado una "declaración de hostilidades"
La APM fue objeto de presiones porque cambió su posición con respecto a Dívar. El apoyo inicial que le ofrecía y que Justicia consideraba garantizado se tornó en una exigencia de responsabilidades tras el pronunciamiento de los 17 jueces decanos del país en el que exigían al CGPJ que estuviera "a la altura de las circusntancias" y tras comprobar que ni el secretario del Consejo ni la interventora quisieron firmar las cuentas de Dívar. Esos dos gestos fueron decisivos, según fuentes judiciales, para provocar el cambio de parecer que desató las presiones de Justicia.
Pese a que esos los vocales de la APM apoyaron el relevo de Dívar, los propuestos por el Partido Popular le mantuvieron su apoyo y criticaron en un breve encuentro la campaña de “desprestigio cruel e injusto” que, en su opinión, estaba sufriendo y cómo ello estaba afectando al resto de la justicia. En esta reunión informal en el despacho de Dívar en el receso del pleno que se estaba celebrando, un vocal se ofreció a dimitir como muestra de apoyo. Sin embargo, fue el propio Dívar el que frenó este amago de dimisión en bloque y les aseguró a los cuatro que “la solución es sólo mía”.
El segundo frente de la presión del Gobierno lo llevó a cabo la vicepresidencia del Gobierno. La maniobra también pretendía presionar a una vocal, en concreto a Margarita Uría, elegida a propuesta del PNV. Soraya Sáenz de Santamaría telefoneó a dirigentes del partido nacionalista, tal como adelantó Vozpópuli, para que transmitieran a Uría que debía respaldar a Dívar, según confirmaron fuentes de la formación vasca y del propio CGPJ. La vicepresidenta llegó a pedir el número de móvil de Uría a Josu Erkoreka, según han revelado fuentes del poder judicial.
Sáenz de Santamaría pidió el móvil de Uría al PNV
La propia vocal confirmó la existencia de dichas presiones a varios periodistas en los corrillos que se formaron durante el cóctel que siguió a los actos de celebración del Bicentenario del Tribunal Supremo del pasado lunes. La propia vicepresidenta ha admitido este viernes en el Consejo de Ministros haber llamado a los líderes del PNV pero ha asegurado que ella “no interpretó esa llamada como una presión” y que “si otros lo cuentan así, deben ser los otros los que den explicaciones”.
Presiones "registradas" en el seno del CPGJ
Estas presiones políticas fueron denunciadas en el pleno del CGPJ y constan en el acta de la reunión en que Dívar anunció que tomaría días después una decisión "rotunda y contundente". Margarita Uría detalló a sus compañeros que la vicepresidenta del Gobierno había presionado al PNV. Según reveló Vozpópuli, la vocal protestó asegurando “que en sus tres años y medio en el Consejo era la primera vez que querían influir en su voto”.
Los magistrados que impulsaban el relevo de Dívar, conscientes de las presiones políticas que ejercía el Gobierno, incluyeron en el acta del pleno un primer párrafo que reza: "En el pleno de hoy, ante la total pérdida de confianza en el Presidente se hace constar lo siguiente:". Dívar se comprometió a dimitir el jueves pero, ante el temor a que esas presiones continuaran, los vocales del CGPJ se negaron a retirar esa frase del acta de la reunión del sábado, aseguran fuentes del organismo.
