La proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para impedir que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado pueda hacer nombramientos discrecionales ha dado un paso más en el Congreso, después de que este jueves las enmiendas presentadas por el PP hayan sido rechazadas en ponencia, lo que despeja el camino para que sea sometida al Pleno hacia finales de febrero y pueda estar en vigor a mitad de marzo.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la reunión de la ponencia ha sido muy breve, apenas unos 15 minutos. Los portavoces de PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox y Ciudadanos, que son los que han intervenido, han dado por reproducidos los argumentos que ya expusieron en los debates anteriores y por mayoría se han rechazado las dos enmiendas de supresión presentadas por los 'populares', tal y como se esperaba.
Con ello, la propuesta de los socios de Gobierno se debatirá ahora en la Comisión de Justicia, en una reunión prevista para el próximo 16 de febrero, y ya quedaría lista para el último examen en el Pleno del Congreso, que se espera para la semana del 23 de febrero.
Pendiente del BOE
Una vez obtenido el 'placet' de la Cámara Baja, el borrador pasará al Senado, donde, si no hay cambios, el texto quedaría definitivamente aprobado y sólo pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor, algo que podría ocurrir a mitad de marzo.
El Pleno del Congreso ya rechazó en su debate de la semana pasada las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Ciudadanos y Junts en medio de las críticas de la oposición, que considera la reforma un "atentado" a la independencia judicial perpetrado además por la vía "exprés", debido a la decisión de la Mesa del Congreso de seguir adelante con la tramitación parlamentaria sin solicitar informe al CGPJ, a pesar de que pidió ser escuchado.
Socialistas y 'morados', por su parte, defienden la necesidad de que el CGPJ, al igual que los otros poderes del Estado, vea reducidas sus funciones cuando expire su mandato, al tiempo que reivindican la competencia legislativa de las Cortes. Se plantea también como una forma de presionar al PP para que se avenga a renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años caducado, pero los 'populares' insisten en que cualquier pacto con Podemos es "imposible".
