El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad este jueves el informe sobre el anteproyecto de la ley de familias, aprobado este martes por el Gobierno, en el que advierte de que la norma "rebasa el marco constitucional y crea confusión, inseguridad jurídica y desigualdad".

Un dictamen del que han sido ponentes los vocales Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda y que contará con un voto particular concurrente de la vocal Nuria Díaz Abad, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ considera positivo el concepto de familia que "inspira" el anteproyecto porque se ajusta a la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "en la medida en que se contempla sobre la base de vínculos parentales o de convivencia".

No obstante, advierte de una "defectuosa técnica legislativa" en el anteproyecto, que contiene una regulación "cuanto menos confusa en lo que a los conceptos de unidad familiar y familia".

El dictamen aprobado reconoce que el Tribunal Constitucional parte de "un concepto amplio" de familia, al tiempo que cuestiona la "atomización" que hace la norma al contemplar 20 tipos de familias, puesto que prevé distintos tipos de protección en función de diferentes supuestos.

En este sentido, advierte, de que pueden darse "casos de solapamiento de dos o más categorías" de familia, a lo que se suma la equiparación de las personas solas, "sin que se expliquen los motivos".

"La norma proyectada rebasa el marco constitucional"

"La norma proyectada rebasa el marco constitucional y crea confusión, inseguridad jurídica y desigualdad entre los destinatarios de las medidas de protección recogidas en el anteproyecto", destaca el informe, que avisa de que la norma omite a los abuelos, a los que tanto el Código Civil como la jurisprudencia "confieren un papel relevante en el ámbito familiar".

Entre los 20 tipos de familias que recuenta el Consejo en la ley figuran la familia monomarental o monoparental, joven (formada por menores de 29 años y sus hijos), LGTBI, reconstituida, residente en el medio rural, intercultural, transnacional, inmigrante o parejas de hecho.

Valora el CGPJ que el anteproyecto incluya el interés superior del menor "no sólo como uno de los valores fundamentales de las políticas de apoyo a las familias, sino a lo largo del articulado de la norma proyectada en relación a determinadas situaciones que se regulan".

También aplaude que el legislador fije "la protección integral del modelo de familia previsto constitucionalmente y en la normativa de Derecho Internacional" entre los fines y objetivos de la ley.

El legislador es el responsable en exclusiva del régimen de prestaciones de la Seguridad Social

En cuanto a la ampliación del permiso de maternidad o paternidad a las familias monoparentales, el CGPJ recuerda la reciente sentencia del Supremo que fija que el legislador es el responsable en exclusiva del régimen de prestaciones de la Seguridad Social y que los tribunales no podrán reconocer la ampliación en sus resoluciones si no está previsto legalmente, "lo que no ha hecho el prelegislador en este caso".

El dictamen subraya que el anteproyecto contiene "en gran parte de su articulado disposiciones de carácter programático, algunas de las cuales se reducen a enunciados normativos meramente descriptivos, sin contenido jurídico propiamente dicho".

Una característica que "choca con la voluntad" del legislador de aprobar una norma que "dé coherencia" a la protección que las distintas administraciones prestan a las familias.

"El carácter programático del anteproyecto impide que se erija en un verdadero marco global de protección a la familia con contenido jurídico efectivo", afirma el infoirme, que precisa que en otros casos los epígrafes se limitan "a reproducir en sus proposiciones facultades o derechos que ya están reconocidos en otras normas".

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