Algunos vencedores y muchos derrotados. La elección del magistrado Gonzalo Moliner como nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo se resolvió en un pleno del órgano de gobierno de los jueces tan breve como extraño. Breve porque después de las dos reuniones anteriores, en las que consumieron catorce horas, la de ayer duró poco más de media hora, incluidos todos los formalismos. Y extraño porque la lucha interna existente desde que estalló el escándalo por los viajes del anterior máximo representante de los jueces, Carlos Dívar, se resolvió con una decisión que dejó más perdedores de los esperados y ningún ganador claro, salvo la propia institución, que difícilmente hubiera podido resistir el desprestigio ante la opinión pública de una batalla sin fin por su control. Entre bambalinas, algunas fuentes señalan a un posible pacto entre PP y PSOE tras un reciente encuentro entre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el socialista Antonio Camacho, extitular de Interior y fiscal de profesión, como empujón final que permitió desbloquear una situación que amenazaba seriamente con enquistarse.
El favorito, el magistrado Ferrándiz, no consiguió ni siquiera igualar su mejor resultado de los días previos
El pleno de ayer supuso, de hecho, la ruptura de un frente común que no gustaba a ninguno de los dos partidos mayoritarios: el formado por los progresistas Margarita Robles, Félix Azón e Inmaculada Montalbán y cinco miembros de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), encabezados por Manuel Almenar. La extraña alianza, que dejaba claro que la clásica división del CGPJ en los bloques progresista y conservador era algo del pasado, venía de lejos, pero se había afianzado en las últimas semanas tras el anuncio de Ruiz-Gallardón de poner en marcha una reforma del Poder Judicial que convertiría la institución en un órgano prácticamente sin funciones. Ayer, dispuestos a plantar cara al ministro de Justicia, los ocho acudieron al pleno dispuestos a sacar adelante su candidato común, el magistrado José Ramón Ferrándiz, destacado integrante de la APM.
Sin embargo, Ferrándiz, el primer nombre que se puso sobre la mesa, no consiguió recabar los doce votos necesarios para ser elegido. Instantes después se producía la elección de un nuevo presidente progresista y miembro de Jueces para la Democracia (JpD), Gonzalo Moliner, que, paradójicamente, recibía la abstención de los tres vocales indignados (Roblés, Azón y Montalbán) adscritos a su misma asociación, y, sin embargo, conseguía el apoyo de un importante número de conservadores, entre ellos los cuatro que hasta ahora se situaban más cerca del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La tensión provocó que, incluso, se llegaran a producir reproches entre los que hasta poco antes del pleno estaban supuestamente alineados. Un sorprendente desenlace del pleno que se había gestado en los días previos al mismo en dos escenarios distintos: la sede del propio CGPJ y un restaurante de gastronomía vasca situada cerca de ésta.
Numerosas reuniones de despacho
En el primero, y más concretamente en los despachos de los vocales, se habían celebrado en los días previos numerosas reuniones a varias bandas en busca de un candidato de consenso. Tras los dos plenos que sumaron catorce horas, el pasado jueves los 20 vocales del Consejo se habían dado unos días de margen para intentar llegar a un acuerdo y no seguir dando la imagen pública de desunión. Sobre la mesa había, además, un propuesta de José Manuel Gómez Benítez, el miembro del Consejo que destapó el escándalo de los viajes de fin de semana de Carlos Dívar y que se ha convertido en uno de los pocos triunfadores de la crisis, de que el sistema de votación se modificara. Hasta ese momento, los nombres propuestos eran votados en ternas y grupos de cinco, lo que había convertido en misión imposible que ninguna de ellos consiguiera los doce apoyos necesarios para ser elegido, sobre todo por la actitud de bloqueo de cuatro vocales afines al ministro de Justicia (el vicepresidente Fernando de Rosa, Antonio Dorado, Claro José Fernández y Concepción Espejel) que con su reiterada abstención bloqueaban cualquier acuerdo.
El resultado de aquellos encuentros se hicieron notar desde el primer momento del pleno de ayer. Así, los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces se sentaron ya con un nuevo sistema de elección: votar cada nombre individualmente para saber así si contaba con apoyos suficientes sin necesidad de confrontarlo con otros magistrados. El primero que se puso sobre la mesa fue la del magistrado Ferrándiz, hasta ayer era el nombre que más respaldo había logrado, aunque nunca había conseguido superar los diez votos gracias a la alianza entre Robles y Almenar. Sin embargo, ni siquiera pudo repetir su mejor resultado de los plenos anteriores. Consiguió nueve votos favorables, ocho en contra y tres abstenciones. Un fracaso que para algunos auguraba un nuevo bloqueo en la elección.
Alianza rotas e imprevistas
Sin embargo, no hubo que esperar mucho para ver cómo éstos estaban equivocados. El nombre del magistrado Gonzalo Moliner, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y miembro de JpD, que ya había sido votado en seis ocasiones en los plenos del miércoles y jueves pasado a propuesta precisamente de Gómez Benítez, consiguió concitar los tres quintos necesarios para sorpresa de muchos. De hecho, uno de los vocales destacaba ayer a este diario que, curiosamente, "se ha elegido a un juez progresista sin el apoyo de todos los progresista y de todos los jueces". Aunque el voto es secreto --en los plenos, el secretario del Consejo pasa una bandeja donde los vocales depositan un papel con la identidad de su candidato--, miembros de la institución destacaban el hecho de que los bautizados como 'vocales indignados', miembros también de la asociación progresista, se habían abstenido. En contra habían votado los miembros de la APM afines a Manuel Almenar.
"Las rencillas entre vocales han pesado más que la pertenencia a una asociación a la hora de votar"
Una alianza rota que se encontró frente a otra en apariencia impensable: doce vocales que incluían progresistas, moderados, los dos vocales elegidos a propuestas de CiU y PNV, Gómez Benítez y los llamados 'Cuatro de Gallardón'. "Algunas rencillas han pesado mucho más que la pertenencia a una asociación a la hora de votar", reconocía un miembro de este bloque a Vozpópuli. De este modo, Robles y Almenar, que según algunas fuentes aspiraban a ocupar los otros dos cargos del Consejo, la vicepresidencia y la portavocía, respectivamente, salían derrotados. Por contra, Fernando de Rosa y la portavoz, la fiscal progresista Gabriela Bravo, conseguían, salvo sorpresa en los próximos días, conservar sus puestos.
Fuentes del Consejo aseguran ayer a este diario que detrás del resultado final del pleno de ayer están los contactos en la sombra entre Ruiz Gallardón y Antonio Camacho, a quien Alfredo Pérez Rubalcaba había encargado buscar una solución al bloqueo del Consejo, que culimaron con un encueentro en un restaurante vasco cercano al CGPJ el pasado jueves. Una reunión a la que, según un rumor, habían asistido, precisamente, los vocales De Rosa y Bravo, hecho que ambos negaron rotundamente cuando comenzó a circular el rumor días atrás entre los periodistas. Al margen de ello, las fuentes consultadas insitían ayer a este diario que esos contactos PP-PSOE han sido claves para frenar una situación que, por diferentes motivos, no gustaba a ninguno de los dos partidos mayoritarios.
No obstante, todas las fuentes consultadas coinciden en que la derrota de los 'vocales indignados' no es, sin embargo, una victoria de Gallardón. El ministro de Justicia prefería haber mantenido 'en funciones' el Consejo hasta después del verano para seguir minando su prestigio y poder llevar adelante con menos oposición interna su polémica reforma de la institución. De hecho, sus vocales afines habían conseguido bloquear en los dos plenos anteriores la elección del sustituto de Dívar. Además, la elección de Moliner, progresista y abiertamente contrario a la reforma laboral del PP, de cuya constitucional llegó a dudar, ponen al frente de la institución con la que tendrá que batallar a alguien de prestigio y nada afín ideológicamente. "Para el ministro, Moliner es un mal menor. Temía más que Robles y Almenar hubieran ganado poder dentro del Consejo", reconoce uno de los vocales al margen de la extraña alianza de estos dos últimos.
