El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno de los jueces. No dicta sentencias, sino que decide sobre nombramientos y cuestiones disciplinarias y para ello, los veinte juristas que forman parte del pleno del Consejo necesitan nada menos que de cien letrados, a cinco por cada vocal. Un cuerpo infladísimo que está en el ojo del huracán ahora que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha propuesto dar un aire nuevo a este órgano con una reforma de su Ley Orgánica, aunque se haya dejado pelos en la gatera por mor del consenso.
Esos cien letrados pueden quedar reducidos a la mitad tal y como se ha debatido en el seno de la comisión de expertos creada por el Ministerio para sacar adelante la reforma, según ha podido saber Vozpópuli. Se trataría de un tijeretazo más a un órgano muy cuestionado desde que se conocieron los viajes sin justificar de su anterior presidente, Carlos Dívar, a costa del presupuesto público, lo que le costó su dimisión. Desde entonces, las cuentas del CGPJ están en el ojo de huracán hasta el punto de que el pasado mes de junio aprobaron un paquete de medidas de austeridad para recortar gastos de viajes en tren, avión y de estancia en hoteles.
Descartada la elección de los vocales del CGPJ por los jueces, se arbitrarán medidas para que los "no asociados" puedan acceder al Consejo
La idea del Ministerio es aligerar la estructura del Consejo. Sin embargo, la propuesta de Ruiz-Gallardón de crear una comisión permanente de siete miembros, --donde solo tendría dedicación exclusiva el presidente y el resto, hasta veinte, estarían a tiempo parcial de modo que solo cobraría por asistencia a los plenos--, es rechazada por los propios vocales del CGPJ. No son pocos los que admiten que el Consejo podría funcionar con diez juristas, pero eso exigiría una reforma constitucional. Sí ven con buenos ojos, a cambio, reducir el número de comisiones de cinco a tres (permanente, disciplinaria y de igualdad) y establecer un régimen de incompatibilidades más amplio.
Por el camino ha quedado la reforma en el sistema de elección de los magistrados. El Gobierno pretendía que fueran los propios jueces los que eligieran a 12 de los 20 miembros de su órgano disciplinario, a lo que se opuso en redondo el PSOE, partido con el que el titular de Justicia quiere pactar la reforma, lo que le ha obligado a aparcar uno de sus proyectos estrella. En cambio, no se descarta mejorar el sistema de presentación de candidatos, de modo que el 40 por ciento de jueces y fiscales no asociados puedan aspirar a ser miembros del Consejo en igualdad de condiciones que los sí asociados, que acaban copando todas las vocalías.
