El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue a la espera de que Partido y Popular y PSOE cierren el acuerdo definitivo para renovar el órgano y poner fin a una crisis sin precedentes que se ha agudizado en los últimos días. Los vocales que integran el órgano de gobierno de los jueces son conscientes del bloqueo en el que se encuentra el Tribunal Supremo al no poder sacar adelante nombramientos de plazas vacantes, pero no se plantean cubrirlas con fórmulas alternativas a la reglamentaria.
Así se desprende de la comisión permanente del CGPJ celebrada este jueves. Aunque el asunto no se encontraba en el orden del día, los miembros de este órgano, con su presidente Carlos Lesmes al frente, comentaron los acontecimientos ocurridos esta semana, que arrancó con el acto de apertura del año judicial. Fuentes presentes en la reunión explican a Vozpópuli que el también presidente del Tribunal Supremo se mostró comedido y muy prudente tras el discurso pronunciado el lunes en el que instó a PP y a PSOE a dejar de lado la "lucha partidista" y sellar un pacto definitivo en las próximas semanas.
En este primer encuentro con los vocales tras el acto del lunes, Lesmes les trasladó su intención de conseguir que las dos partes acerquen posturas para desbloquear un órgano que lleva en funciones desde diciembre de 2018. Ahora bien, ninguno de los vocales que integran este órgano está dispuesto a dimitir. Las fuentes consultadas explican que en ese asunto hay absoluta unanimidad debido, por un lado, a que no es problema originado por ellos y a que una renuncia no solucionaría en absoluto la situación de parálisis actual.
El Consejo tiene limitadas sus funciones (especialmente tras la entrada en vigor de la reforma legal impulsada por los socios del Gobierno) pero mantiene intacta su agenda, de manera que prevé seguir adelante con las comisiones permanentes y los plenos señalados en su calendario. Así pues, y frente a la reciente petición de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia de que dimitan en bloque para forzar la renovación, los vocales prevén seguir con su actividad.
Según alegan, sería una irresponsabilidad y tampoco daría solución a la crisis ya que la LOPJ establece que el cese anticipado de los vocales se restituirá por suplentes. Es por ello que algunos de los integrantes del actual Consejo tampoco ve con buenos ojos lo manifestado por el expresidente del CGPJ y del Tribunal Constitucional, Pascual Sala. El jurista apuntó en un reciente artículo la posibilidad de una dimisión en bloque para forzar la renovación. Para ello puso como ejemplo lo ocurrido en 1996, durante el Gobierno de José María Aznar, cuando una renuncia colectiva de seis vocales abocó al Consejo a una reposición urgente.
Parálisis en el Supremo
Así pues, todo apunta que, ante la falta de cambios, el principal escollo seguirá estando relacionado con los nombramientos discrecionales. La ausencia de acuerdo entre los negociadores de los principales partidos no pareció enturbiar los plenos del Consejo que, cumpliendo con su mandato institucional, siguieron aprobando nombramientos. Aunque congelaron su agenda en varias ocasiones ante la expectativa de que se cerrase un pacto final, finalmente la retomaron y se comprometieron en un acuerdo no escrito a sacar adelante aquellos que contaran con un respaldo mayoritario.
Esta fue la tónica que se mantuvo desde septiembre hasta marzo, cuando entró en vigor la reforma legal que limitó sus funciones. En ese periodo aprobaron -en ocasiones hasta con 19 votos a favor- los nombramientos de puestos clave en el Supremo como las presidencias de las Salas Social, Militar y Contencioso; tres plazas en la Sala de lo Penal, las presidencias de seis audiencias provinciales o de los Tribunales de Justicia del País Vasco y de Canarias.
Sin embargo, desde marzo a esta parte el Pleno tiene limitadas sus funciones, por lo que se congelaron las convocatorias pendientes. El cambio legal dejó en punto muerto los nombramientos discrecionales pendientes, afectando especialmente al Tribunal Supremo, ya que la vacantes no se pueden reponer de manera temporal, sino que se trata de puestos que el magistrado que los ocupa conserva hasta que se jubile. Por ese motivo hubo voces que barajaron alternativas en aras a sortear el bloqueo que amenaza especialmente la Sala de lo Contencioso.
Sin planes B
Esta Sala Tercera del alto tribunal (encargada de estudiar los recursos contra disposiciones del Gobierno) suma en estos momentos cinco plazas vacantes, incluida la que ocupaba el expresidente de la Sección Segunda Nicolás Maurandi, fallecido el pasado mes de marzo. A ellos se sumará también la de José Díaz Delgado, jubilado el pasado mes de agosto, y otros dos más que tendrán lugar ya en marzo del año que viene. Entre esas dos vacantes se encuentra la de Rafael Fernández Valverde. El magistrado es también vocal del actual Consejo por lo que su jubilación acarreará su cese en el CGPJ.
Pese a ello, las fuentes consultadas explican que en estos momentos no se plantean ni nombrar a jueces en comisión de servicio ni tampoco recurrir a magistrados jubilados para que ocupen estas plazas al menos de forma provisional. Según precisan, se abre un compás de espera en el que confían que PP y PSOE acaben por resolver el escollo acerca de la reforma del sistema de elección de vocales que exige el partido de Pablo Casado para lograr un pacto que permita renovar el Consejo.
