Empresas chinas, alemanas, canadienses, norteamericanas, inmobiliarias, constructoras y, especialmente, fondos de inversión y de pensiones han mostrado interés ya por el proyecto de nueva Ciudad de la Justicia que el Gobierno de Madrid pretende sacar a concurso en las próximas semanas.
La mayor parte de las constructoras españolas ya conoce el proyecto que les fue explicado por responsables de la Comunidad de Madrid hace más de un año cuando el ejecutivo regional estudió una alternativa barata al mega proyecto millonario propuesto Alfredo Prada, anterior consejero de Justicia.
Los responsables de la Comunidad ya han recibido a los representantes de las compañías que querían conocer de primera mano el nuevo complejo judicial. Los técnicos de la Comunidad, que contaron con asesoramiento inmobiliario, explicaron a estos inversores las bondades de una operación en la que tendrían unos ingresos seguros, tras una inversión importante de más de 1.200 millones de euros. Se les expuso el Plan Económico Financiero y los beneficios que podían obtener.
El proyecto sobre el que trabajaron técnicos e inmobiliarias se establecía sobre las siguientes etapas: preparación logística, estudio de prefactibilidad, primer test de mercado, ante-proyecto y estudio de viabilidad, información pública y aprobación. Posteriormente se establecía la gestión del patrimonio, el expediente de contratación, la licitación y adjudicación, la firma del contrato, la aprobación del proyecto constructivo, la ejecución y la aprobación del fin de obra.
En las reuniones que van a mantener en las próximas semanas con los aspirantes a llevarse ese gran concurso se les dará cuenta de las nuevas cifras del proyecto, ya que antes el periodo de concesión era de 35 años y el canon a pagar por la Administración era de 75 millones al año.
El procedimiento que pondrá ahora la consejería de Justicia será la convocatoria de un concurso público a principios de 2015. El Gobierno pretende ahora pagar un canon de 40 millones al año, que es el coste del alquiler de los edificios judiciales y los gastos de mantenimiento. En la actualidad se debate si el periodo de concesión será de 30 o más años.
Las nuevas instalaciones
El proyecto, según informó el Ejecutivo regional, incluye que todos los órganos judiciales estarían conectados por fibra óptica, cámaras de video vigilancia y un parking con 2.500 plazas de aparcamiento. Tendrá acceso por transporte público para facilitar el traslado de funcionarios, profesionales y ciudadanos.
A este proyecto se unirían dos medidas más de carácter organizativo, como son la creación de la Oficina de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y la del Instituto de Medicina Legal, que se alojará en el edificio conocido como el ‘donuts’ ya existente actualmente en Valdebebas.
Por otra parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, ha presentado una petición de comparecencia al consejero de Presidencia, Salvador Victoria, para que explique el proceso de liquidación de la Ciudad de la Justicia de Alfredo Prada.
Asimismo, este jueves, la diputada socialista Maribel Peces-Barba solicitará al Gobierno en el Pleno de la Asamblea una valoración sobre la auditoría realizada a la sociedad Campus de la Justicia.
La diputada quiere saber cuáles son las cuentas del fracasado proyecto del PP en la Comunidad de Madrid que Ignacio González revivió en el pasado Debate del estado de la Región, “pese a que meses antes reclamaba devolver las competencias de Justicia y del que los socialistas madrileños han exigido explicaciones en numerosas ocasiones”, según explicó el PSOE.
