El magistrado Ignacio Munitiz, al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena (Murcia) que investiga el presunto pucherazo en las primarias regionales de Ciudadanos en marzo de 2019, exigió el pasado viernes a la formación liberal que en el plazo de cinco días "aporte a las actuaciones el dossier sobre el funcionamiento del voto telemático", según el oficio al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El juez reclama también a la empresa Lazarus Technology que, en el mismo plazo de tiempo, le entregue un escrito donde asocie las IPs de los ordenadores del día de la votación con los votos emitidos. Este paso se produce tras un oficio -el 1649/2020- del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) en Murcia, aunque no se indica los detalles del mismo.
El magistrado ya requirió la misma información a Lazarus Tecnhnology el pasado 17 de abril. Ahora, la petición cuenta con la advertencia de que "en caso de que no se remita en el indicado plazo, deberán informar y acreditar los motivos".
Otro escrito de la UDEF
Previamente, el 20 de febrero, la UDEF acusó a la formación naranja de ocultar información al magistrado sobre este proceso electoral de marzo de 2019 que ganó la candidata Isabel Franco, actual vicepresidenta del Gobierno murciano.
En aquel escrito (leer abajo), la citada unidad de la Policía mostró su sorpresa al enterarse que Ciudadanos sólo ha entregado información "respecto a 2 de los 4 puntos" que se solicitaban en un requerimiento previo del juez del 13 de diciembre del año pasado. En concreto, la formación que preside Inés Arrimadas no pudo aportar el listado completo de IPs utilizadas el día de la votación ni el listado de cada uno de los identificados de voto.
Cs alegó la "imposibilidad" de poder entregar la información directamente pues tales evidencias estaban en posesión de “la entidad encargada de obtener las mismas y realizar el aseguramiento de la prueba”. En concreto, Lazarus Technology. Pero la UDEF no se creyó esta explicación.
“Se quiere significar que a este Grupo de Investigación le sorprende que el partido político de Ciudadanos en esta ocasión no tuviera acceso para solicitar dicha información directamente a la empresa Lazarus Technology”, se indicó en el escrito remitido al juez en febrero.
En este sentido, la UDEF recordó que el denunciante, el candidato Leonardo Pérez que quedó en segunda posición en aquellas primarias, solicitó a la Comisión de Garantías de Cs que le facilitara el informe relativo a la votación donde constaban todos los datos relativos al proceso y que desde el partido liberal "se le entregó diversa documentación en donde constaban tanto información sobre las IPs asociadas a las votaciones como los votos emitidos sobre cada uno de los candidatos".
Así que la UDEF señaló al juez instructor que "se puede afirmar que Ciudadanos contaba con la información que ahora omite ante el requerimiento judicial”. Los investigadores policiales consideraron, en este sentido, que es “imprescindible” que se ponga a disposición del magistrado "toda la información relativa a voto efectuado por cada uno de los votantes en las primarias efectuadas en la Región de Murcia por parte del mencionado partido político".
Los investigadores ya constataron que al menos 14 votos se realizaron desde IP estáticas que procedían de fuera de Murcia gracias a la información parcial entregada por Cs. De ahí que quisiesen saber quiénes fueron esos votantes.
Una pericial con 227 votos fraudulentos
Además, la sombra del fraude va más allá de los 14 votos que la Policía detectó en sus pesquisas iniciales. El candidato perdedor en aquellas primarias presentó un informe pericial en el que concluía que no solo esos 14 votos habrían sido fraudulentos, sino un total de 227. Franco logró 599 votos -más que Arrimadas en las primarias de Cataluña cuando Murcia cuenta con menos afiliados- y Pérez se quedó en 237 votos.
"La verdad es que es increíble que un año y medio después, todavía no han entregado la información que en 24 horas pudieron comprobar en Castilla y León", se lamenta ahora Pérez en declaraciones a Vozpópuli. "La asociación de voto con la IP es algo que pedimos en marzo de 2019 al Comité de Garantías y que por supuesto no nos dieron", añade.
En este sentido, el candidato perdedor en aquellas primarias recuerda que entregó los correos a la Policía, "que se lo volvió a requerir" al partido y ahora, un año y medio después, "tienen que volver a reclamarles" la citada información. "Desde luego, no se comportan como se comportaría alguien que no tiene nada que esconder", concluye Pérez.
