Ciudadanos, aliado del PSOE desde la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía el pasado junio, ha retirado por segunda vez su apoyo al Gobierno andaluz. Su abstención en el pleno del Parlamento autonómico ha permitido que los votos en contra de PP, Podemos e Izquierda Unida logren derogar un decreto ley sobre el acceso de los Ayuntamientos a los planes de empleo.
La razón del rechazo es la inclusión en el texto legal de una disposición adicional que permite la participación del personal laboral de la desaparecida Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) en la prestación de servicios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Se trata de la segunda vez en la presente legislatura que el Pleno del Parlamento deroga un decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno, algo que ya ocurrió en septiembre del pasado año con el que el Gobierno remitió a la Cámara por el que se reconocía a los funcionarios de la administración autonómica los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna.
"Las cosas no se pueden hacer tan mal", asegura el diputado 'naranja' Hernández White
Los grupos de la oposición han coincidido en aludir a la Disposición Adicional Primera de este decreto -que hace referencia a la participación del personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la prestación de servicios y desarrollo de programas- aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 15 de marzo, al esgrimir los motivos para justificar el voto en contra a esta norma que trata de facilitar el acceso de todos los ayuntamientos a los distintos planes recogidos en la norma, aunque mantengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social o condenas por despido improcedente, como ha defendido el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, que ha expuesto la posición del Gobierno andaluz.
En su intervención, el consejero ha recordado las medidas puestas en marcha por la Junta para favorecer la inserción laboral, y ha recordado que en el origen de este decreto se sitúa una proposición no de Ley aprobada por el Parlamento el pasado 25 de febrero para "evitar que las personas desempleadas se vean perjudicadas por la exclusión de estos municipios, que debido a la crisis económica han tenido que recurrir a ajustes económicos y a reducciones de plantilla".
Otra modificación afectaba a los incentivos a la contratación indefinida para mayores de 45 años, línea de ayudas en la que se incorpora como colectivo prioritario a trabajadores desempleados procedentes de expedientes de extinción de empleo en la industria manufacturera. El decreto-ley derogado por el Parlamento especificaba además que, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), los ayuntamientos tendrán un mes más de plazo para presentar las solicitudes de los proyectos en las nuevas condiciones reguladas.
Igualmente, se introducía la posibilidad de que el personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) realice tareas de atención a los desempleados, como la inscripción, clasificación y actualización de las demandas, el diseño de itinerarios personalizados o la gestión de ofertas y anuncios. La gestión de los registros administrativos de documentos y la dación de fe pública quedaban reservadas a funcionarios.
En ese sentido, el consejero ha remarcado en su intervención en el Pleno que el Gobierno andaluz "opta por mantener un modelo público en la gestión de los planes de empleo, contribuyendo a reforzar su imagen como servicio público", y acomete "las debilidades en el número de recursos de los que disponen las oficinas del SAE, insuficientes para atender" al colectivo de personas desempleadas que hay en Andalucía. Ha remarcado, además, que a esos empleados públicos se les dan "unas funciones que no invaden en ningún momento las potestades públicas reservadas exclusivamente a los funcionarios".
Posición de los grupos
Frente a ello, el diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico preguntó a la Junta "por qué han querido cargarse los planes de empleo para los ayuntamientos", y tras remarcar que los socialistas "no son conscientes de que no tienen la mayoría absoluta en el Parlamento", ha aseverado que el Grupo Popular "no va a tolerar que bajo la excusa de la aplicación del decreto-ley intenten encubrir la entrada de empleados de la extinta Faffe en la función pública asumiendo potestades administrativas" a través de la citada Disposición Adicional Primera.
"Lo único que produce [el decreto] es una puerta abierta al fraude, a que se pierdan fondos públicos", dice Romero (Podemos)
Torrico también ha cuestionado que el Gobierno andaluz haya optado por la figura del decreto, citando así un informe de los servicios jurídicos en el que "no se considera acreditada la concurrencia de circunstancias que lo justifiquen", y ha concluido responsabilizando a la Junta de que "los ayuntamientos no tengan planes de empleo".
Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero ha criticado igualmente el "abuso" de la Junta de la fórmula del decreto, que tampoco la ha considerado justificada en este caso, entre otros motivos, por "cuestiones formales", porque se entra "otra vez en la dinámica de volver a establecer exoneraciones como práctica general que lo único que produce es una puerta abierta al fraude, a que se pierdan fondos públicos", ha abundado.
Para posicionar a Ciudadanos ha intervenido el parlamentario Carlos Hernández White, que ha acusado al Gobierno andaluz de no haber sido "transparente" y haber "jugado sucio" introduciendo una disposición adicional "sin hablarla ni consultarla". "Las cosas no se pueden hacer tan mal", ha enfatizado el diputado 'naranja', que ha argumentado que "la orientación laboral desde las oficinas del SAE es fundamental para la integración laboral" de los desempleados, "pero no con personal que les sobra de una fundación que ya no existe".
