El Colegio de Abogados de Madrid ha tumbado la posibilidad de que los letrados de los CDR detenidos en la operación Judas pudiesen anular las declaraciones ante el juez de los dos acusados que optaron por abogados de oficio. Este organismo ha avalado la actuación de las autoridades en contra de la queja presentada por dos letrados del colectivo Alerta Solidaria, que coordina la defensa de la mayoría del grupo.
El 25 de septiembre, pocos días después de la operación contra este presunto grupo terrorista, los que decían ser abogados de los arrestados Jordi Ros y Ferrán Jolis presentaron dos escritos de queja ante el departamento de Defensa de la Abogacía del colegio madrileño a los que tuvo acceso Vozpópuli. Según decían, la Guardia Civil les impidió acceder a esos dos detenidos a pesar de que sus familias les habían encomendado su defensa.
Fuentes jurídicas y policiales negaron en todo momento este extremo. Guardia Civil y Audiencia Nacional explicaron que los dos detenidos habían elegido libremente optar por abogados de oficio y rechazar a los de Alerta Solidaria. Durante sus declaraciones en sede policial y judicial admitieron parcialmente los hechos que se les imputan. Fueron los únicos que declararon. Reconocieron el uso de explosivos pero negaron ser un grupo terrorista o tener intención de matar. El juez les envió a prisión junto al resto de investigados.
Jordi Ros y Ferrán Jolis
Fuentes del entorno de Alerta Solidiaria dudaban de que esta decisión de Jordi Ros y Ferrán Jolis fuese voluntaria. Afirmaron a Vozpópuli que, de confirmar que se les privó de elegir abogado, se abriría una vía para solicitar la nulidad de sus declaraciones. Alerta Solidaria es un colectivo que presta servicios habitualmente a personas del entorno independentista radical. Ahora el Colegio de Abogados, tras haber estudiado el caso, da la razón a la Guardia Civil y la Audiencia Nacional.
Según han informado a este periódico fuentes del Colegio de Abogados, tanto el departamento de Defensa de la Abogacía, como el Servicio de Asuntos Jurídicos y el departamento de Deontología estudiaron de manera independiente el caso y llegaron a la misma conclusión: no se vulneró ningún derecho.
Por ello, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, viendo cada uno de estos informes, decidió el pasado 22 de octubre no conceder ninguno de los dos amparos solicitados por los abogados David Aranda y Jordi Busquets. Las fuentes jurídicas explicaron en su momento que la familia de estos dos detenidos pidió un habeas corpus para que pasasen directamente a declarar ante el juez sin agotar el plazo de la detención policial.
Pasaron de noche ante el juez de guardia, quien les preguntó si querían cambiar de abogado. Pero ambos detenidos reafirmaron su deseo de continuar con los letrados de oficio del colegio de Madrid. Al día siguiente confirmaron esa decisión ante el juez principal del caso, el titular del Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.
