El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha rechazado hoy "por unanimidad y sin reservas" dar amparo a Gonzalo Boye, uno de los abogados del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, aunque le traslada su "solidaridad" por "las presuntas amenazas" y los mensajes ofensivos que ha recibido en las redes.
En un comunicado, la Junta de Gobierno del ICAM, donde está colegiado Boye, señala que no concurren "hechos objetivos que hipotéticamente pudieran justificar" la concesión del amparo y explica que éste se otorga cuando un juzgado o tribunal ante el que se desarrolla la actividad coarta o menoscaba la labor profesional del letrado.
En opinión del Colegio, no está determinado en qué faceta del ejercicio profesional Boye "ha podido verse impedido, perturbado, inquietado o dónde radica el supuesto ataque a su independencia y libertad profesionales".
El abogado pidió amparo tras ser atacado a través de la redes sociales, un contexto "ajeno al ejercicio profesional", a juicio del ICAM, que considera que corresponde al abogado exigir responsabilidades civiles o penales a los autores de los mensajes.
"La competencia del ICAM queda delimitada exclusivamente a la salvaguarda de la libertad y la independencia en el ejercicio profesional, íntegras e imperturbadas aquí", insiste.
Solidaridad por los mensajes ofensivos
Las redes sociales, aduce el Colegio, suponen "una exposición pública que permite la réplica, contrarréplica, cuando no el debate o la crítica, por mordaz o acerada, fundada o infundada que aquélla sea, pero que no acontece en un campo propio o natural del derecho de defensa".
No obstante, le traslada su solidaridad por los mensajes ofensivos que ha recibido por su defensa de los líderes independentistas y muestra "su rechazo del uso de un lenguaje lacerante, grosero, insultante, desafortunado o descalificador respecto del letrado Sr. Boye".
Tras pedir amparo, Boye recusó a la Junta de Gobierno del ICAM por unas declaraciones en las que el decano del Colegio, José María Alonso, denunciaba que el juez instructor del caso del "procés" Pablo Llarena estaba sufriendo "un ataque absolutamente inadmisible" por parte de las autoridades belgas y de los líderes separatistas fugados.
Boye pidió que su amparo fuera tratado por el Consejo General de la Abogacía, pero para el Colegio de Madrid no hay motivos para la recusación: enmarca las palabras de apoyo a Llarena en el ejercicio de la libertad de expresión y considera que no afectan ni al proceso civil entablado ante la jurisdicción belga por los procesados fugados ni ante la causa que se sigue en el Tribunal Supremo.
La Junta de Gobierno del ICAM deberá también analizar la denuncia formulada por el eurodiputado Enrique Clavet contra Boye por el error en la traducción de la demanda civil contra Llarena que presentaron en Bélgica Puigdemont y cuatro exconsejeros, un caso que todavía tiene que pasar por el departamento de deontología.
