Florentino Pérez e Iberdrola mantienen el pulso en el caso Villarejo. El presidente de ACS ha respondido en un duro escrito a la eléctrica que ostenta la condición de perjudicado para seguir litigando en la causa por los espionajes del comisario jubilado en tanto fue "objetivo prioritario" de Iberdrola. Al respecto ha apuntado de nuevo a su intención de imputar a la matriz en el procedimiento alegando, por un lado, que alteraron la última factura girada a Iberdrola Renovables y, por otro, que no tenían un sistema de cumplimiento normativo cuando contrataron con el comisario jubilado.
El empresario -que descarta que actúe con mala fe procesal- da respuesta a uno de los últimos escritos remitidos a la Audiencia Nacional por la multinacional vasca en el que piden su expulsión del procedimiento e insisten en que nunca le espiaron. El presidente del Real Madrid replica que está legitimado para seguir actuando como acusación y reitera su petición de que se cite como investigada a Iberdrola S.A en tanto sería la verdadera beneficiaria del último de los encargos al Grupo Cenyt.
En concreto asegura que la compañía se comprometió a implantar un programa de prevención de delitos en diciembre de 2010 pero no lo hizo efectivo hasta julio de 2014. "Es decir: una sociedad cotizada, con los innumerables recursos de los que dispone, tardó tres años y seis meses en implantar un programa de prevención de delitos", reza. Al respecto, compara la situación con otros grandes entes salpicados en el caso Villarejo como Repsol y CaixaBank, a quienes la Audiencia Nacional ha vuelto a reabrir la causa al considerar que la instrucción sobre este encargo no estaba completada.
La defensa de Pérez explica que lo relativo al compliance es determinante ya que consta como entonces pagaron cerca de 30.000 euros al comisario jubilado por el conocido como proyecto Wind. El magistrado Manuel García Castellón imputó a la filial Iberdrola Renovables ya que fue la que costeó este pago pero en la actualidad estudia una posible imputación de la matriz tras haberlo solicitado el presidente de ACS. Su abogado insiste en que Iberdrola debía haber tenido un programa de cumplimiento normativo para entonces ya que la filial imputada carecía de ello.
Cambio de factura
Además, acusa a la multinacional vasca de "ocultar" al juzgado la política de prevención de delitos vigente en 2011 y de haber aportado, en su defecto, la de 2019. Del mismo modo también apunta a un plan urdido en el seno del departamento de Seguridad para modificar el concepto y el pagador de la última factura. Según razona, existen comunicaciones internas de la compañía que demuestran que el entonces jefe de seguridad, Antonio Asenjo, recibió un correo electrónico de Rafael Asenjo (socio de Villarejo en Cenyt) el 14 de febrero de 2012 con el concepto "factura Iberdrola".
El mismo día consta que se emite la factura pero con un objeto y un pagador modificados. Según sostiene, se giró a la filial Iberdrola Renovables bajo el concepto 'Servicios de apoyo y logística de seguridad a personal de Rumanía'. A su juicio, ello constituye un indicio de que Iberdrola Renovables tuvo una participación "meramente instrumental" y que la matriz ejercía un "control absoluto" sobre la misma. Además, insiste en que tanto Asenjo como José Antonio del Olmo (que visó la factura en su condición de controller) estaban empleados únicamente en Iberdrola S.A y no en Renovables.
¿Encargo o gastos?
Al respecto el propio Del Olmo remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el que aclaró que él desempeñó como director de Funciones Corporativas en la matriz. La compañía rebate esta teoría y le recuerda que su cargo implicaba también el control de las facturas de las filiales del grupo; misma tesis que mantuvo Iberdrola Renovables en su declaración ante el juez. El representante legal de la firma precisó que no se contrató ningún servicio con Villarejo, sino que el pago correspondía a una oferta de servicios que no se llegaron a cumplir. Sobre Del Olmo dijo que visó las facturas pese a haberlas reportado como falsas en 2004.
Ahora Florentino sostiene que la firma que preside Ignacio Sánchez Galán se contradice al sostener una tesis en sede judicial y otra en sus escritos. Se refiere a uno presentado el pasado mes de julio en el que precisaron que el proyecto Wind se trató de un "encargo visado, aprobado y con el visto bueno del Sr. Asenjo en calidad de apoderado mancomunado solidario de Iberdrola Renovables". "O se trata de un encargo o se trata de un mero abono de gastos suplidos autorizado por tres empleados de Iberdrola", responde Florentino.
Notas sobre Florentino
En lo que respecta a la petición de que se le expulse del caso Tándem, Florentino Pérez insiste en que fue víctima de dos espionajes concretos impulsados en 2009 (Posy y Gipsy) y alude a los cuadernos personales de José Manuel Villarejo en los que plasmó referencias suyas. Así, por ejemplo, figura un manuscrito de 19 de febrero de 2009 que el comisario vincula a Big (nombre con el que se refería al exjefe de la UCAO Enrique García Castaño): 'Toque sobre tema ACS. Hemos quedado en hablar esta tarde'. Un mes después, aparece una nota similar: 'Toque para preparar entrevista asunto ACS".
Además el escrito resalta que el 13 de marzo de 2019 Villarejo escribió en la cuenta de Cenyt una transferencia por importe de 232.000 euros que, según Florentino Pérez, coincide con la ejecución de los dos proyectos en cuestión. Al respecto la compañía siempre ha negado la existencia de cualquier espionaje al presidente del Real Madrid e insiste en que su objetivo es perjudicarle en aras a provocarle un fuerte daño reputacional. Al inicio de esta investigación aportaron algunas facturas relativas a los trabajos de inteligencia encargados a Cenyt negando que existiera alguno relativo a Florentino Pérez.
El propio Sánchez Galán indicó en su declaración ante el juez el pasado 18 de enero que es falso que existiera un espionaje a Pérez o a Manuel Pizarro y que él mismo lo hubiera reprobado dado que él también fue víctima de Villarejo (aparece también en las agendas del comisario). Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Iberdrola pudo impulsar espionajes al entorno del empresario y costear estos servicios bajo pagos camuflados sin concepto que se giraron al grupo Cenyt. Florentino, por su parte, responde que aunque Iberdrola lo niegue, los indicios que obran en la causa "apuntalan todo lo contrario".
