El senador de Compromís, Enric Morera, ha avanzado este martes que su partido se querellará contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por los homicidios imprudentes cometidos al no alertar a la población de la DANA de hace dos semanas y enviar así a muchos valencianos "al matadero".
"Conocemos quién pagará ante los tribunales, porque Compromís no se va a callar", ha advertido Morera durante una pregunta de la sesión de control al Gobierno dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El senador ha subrayado que Mazón debería estar ya "ante una autoridad judicial" y Marlaska, por tanto, debería entonces "requerirle el móvil para que no destruya pruebas".
"Aquí se ha producido un homicidio imprudente, temerario, una imprudencia grave con resultado de muertes evitables", ha aseverado Morera.
Decía que "no pasaba nada"
Ha apuntado que el vídeo que envió Mazón ese día "diciendo que no pasaba nada" y que luego borró de internet será usado como "prueba incriminatoria", al igual que el hecho de que "se mofó" de la universidad por atender a la alerta y suspender las clases.
"La banda que dirigía nuestras emergencias no estaba a la altura", ha resumido Morera en referencia a la Generalitat, dirigida por Mazón, aunque también ha culpado al Gobierno, ya que ha dicho que "también son responsables" por haber dejado actuar a unos "incompetentes", aunque las competencias fueran suyas.
De hecho, Morera ha arengado a Marlaska: "Actúen, tenemos que evitar una nueva 'mazonada', una nueva catástrofe".
El ministro ha contestado a Morera que el Gobierno empezó a alertar una semana antes y ha recordado los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), así como ha sostenido que el Ejecutivo ha estado "a disposición" de la Generalitat Valenciana para dotar de medios y ayudar en la gestión de la emergencia.
Grande-Marlaska ha defendido además que el sistema nacional de protección civil recomienda en supuestos como el de la DANA que la dirección de la emergencia recaiga en las autoridades autonómicas y el Gobierno ha hecho "lo que tenía que hacer", al ponerse al lado de la Generalitat Valenciana.
