El juicio por el denominado 'cártel del fuego' ha dado un giro. Los 17 acusados han alcanzado con la Fiscalía una conformidad de aceptación de los hechos respecto a su relato. Una vez comunicadas estas conversaciones que están a punto de cristalizar en un acuerdo con el Ministerio Público, la Audiencia Nacional ha decidido aplazar a mañana el juicio que estaba previsto para hoy a las 10 horas.
En este caso se acusaba al exconseller de la Generalitat Valenciana Serafín Castellano de haber favorecido presuntamente a un empresario en procesos de adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea.
Siempre negó los hechos
Castellano, que se encontraba desde ayer en la capital de España, ha sido el último en firmar su conformidad con el Ministerio Público, ya que en todo momento ha negado los hechos desde su detención en 2015.
El Ministerio Público le pedía 21 años de prisión por la comisión de los presuntos delitos de cohecho, malversación o asociación ilícita ahora, gracias a ese pacto con la Fiscalía, que ha avanzado la cadena Ser.
En cualquier caso, eludirá la cárcel al reconocer delitos que suman dos años de prisión pero que permiten suspender su ingreso en la penitenciaría y la multa se quedarán el pago de 7.500 euros. Esa sensible reducción de las pretensiones de la Fiscalía también revela que quizás el caso estuviera 'hinchado' en un inicio.
Castellano fue diputado en las Cortes Valencianas durante seis legislaturas y llegó a ser el portavoz del grupo parlamentario entre 2003 y 2007. A nivel orgánico fue el secretario general del PP de la Comunidad Valenciana entre 2012 y 2014, mientras que fue conseller de Gobernación y delegado del Gobierno entre 2014 y 2015, que fue su último cargo público porque en ese año se produjo su detención.
900.000 euros
La conformidad alcanzada por los 17 acusados –empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios de las Administraciones valenciana y catalana– permitirá a la Generalitat Valenciana recuperar los algo más de 900.000 euros que ha reclamado desde que comenzó la instrucción judicial del caso.
El juez que investigó el caso procesó a Castellano junto a otros acusados ante los indicios de la existencia de una presunta organización criminal que se habría concertado para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios con la Administración autonómica valenciana.
La Comunidad Valenciana fue el territorio donde se detectaron más irregularidades pero la instrucción del caso también destapó irregularidades en otras comunidades como Cataluña e incluso a otros países. Según los cálculos del juez, se pudieron concertar contratos por un total de 151,5 millones de euros.
Premios para Castellano
La Fiscalía asegura que Castellano era premiado "en forma de cacerías, monterías, hospedajes, viajes, dinero en metálico y hasta baúles con jamones". El Ministerio Público también solicita 24 años de cárcel para el empresario al que Castellano favoreció presuntamente, Vicente Huerta, con quien mantenía una "intensa y corrupta relación".
En su escrito de conclusiones provisionales, fechado en 2022 y que se dirige contra 17 acusados, la Fiscalía desgrana el modo de actuar de una "asociación de personas y empresas" dedicadas a la navegación aérea y especialmente a la extinción de incendios forestales entre 1999 y 2008.
Los acusados "con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia", sostiene el fiscal.
En el caso de Serafín Castellano la Fiscalía cree que fijó junto al empresario Huerta "la forma de proceder para lucro" de este último y sus empresas "con ocasión de la contratación pública con la administración regional".
"Se entendían entre sí para que, en beneficio de Avialsa T35, se ampliasen a costa del erario público contratos mediante prórrogas indebidas" o se "adjudicasen y firmasen contratos, sin declararlos desiertos como procedía".
