El alcalde de Valencia, Joan Ribó, figura en uno de los documentos judiciales exhibido en las sesiones del caso Alquería como una de las personas que recomendó 'enchufar' en Divalterra a altos cargos y cuya contratación se habría producido de manera presuntamente irregular. En el juicio, que arrancó el pasado 19 de septiembre, se dirime si en la empresa pública de la corporación provincial, entonces presidida por Jorge Rodríguez, se creó una estructura paralela al Consejo de Administración para 'enchufar' a personas afines a PSPV y Compromís entre los años 2015 y 2018.

En una de las incautaciones de documentación en el despacho de Jorge Rodríguez, que había sido previamente detenido por la Policía, se analizó una carpeta roja con la leyenda de "Presidencia" y en cuyo interior figuraba el organigrama de todos los altos cargos que fueron nombrados pese a los numerosos informes jurídicos contrarios a esa contratación. Es en ese documento, donde se explica la procedencia política y los 'padrinos' de cada uno de los 'enchufados', en el que aparece el nombre del alcalde de la capital del Turia, Joan Ribó.

El juez y el fiscal dieron por probado en la instrucción del caso que ese organigrama explicaba a las claras las motivaciones de cada contratación y la intención de gobernar la empresa pública en una estructura paralela, al margen de la legítima, que era el Consejo de Administración. Lejos de realizar un proceso de selección referenciado en la transparencia, mérito y capacidad, se optó por una asignación de cargos, cuestionados jurídicamente, en base a los apoyos políticos que cada uno de los ahora acusados tenía en Compromís y en el PSPV y que acabaron teniendo un coste de 1,1 millones de euros para las arcas públicas.

Joan Ribó habría recomendado, según este documento, la contratación de Soledad Torija para llevar el área de Medio Ambiente en la empresa pública. En el organigrama incautado en el despacho del expresidente de la Diputación de Valencia, Ribó figura junto a Josep Bort como 'padrinos' de Soledad Torija por una de las corrientes de Compromís. Bort fue diputado provincial de Medio Ambiente entre 2015 y 2019 y su gestión estuvo acompañada por varias polémicas. Cuando después de las elecciones de 2019 no pudo repetir en su cargo en la Diputación, Ribó lo rescató como coordinador de Alcaldía en el Ayuntamiento de Valencia.

Soledad Torija durante su declaración en el juicio explicó que se enteró de la oferta en Divalterra y decidió presentar su currículum. "Recibí la llamada de una mujer y me emplazaba a que fuera un día a las antiguas dependencias de Imelsa. En ese momento no era miembro de ningún partido político. Ahora tampoco", aseguró durante su declaración.

La cogerente Agustina Brines fue quien la entrevistó antes de su contratación y Torija afirmó ante los magistrados que sabía que su contrato era temporal. "Nadie me dijo que hubiera alguna duda o problema con el sistema de contratación. Con las personas que estaba hablando me daban confianza total" explicó durante el juicio Soledad Torija quien defendió que iba a trabajar y tenía a gente a su cargo.

Testigos afirman que Torija era "de Ribó"

Esta versión de Torija, en la que negaba tener 'padrino' alguno, se contradice con la ofrecida por varios de los trabajadores de la empresa. Éstos han declarado en el juicio que tanto la gerente Agustina Brines como el alto cargo del área de Administración General, Raúl Ibáñez, aseguraban que la contratación de Torija fue "una cuestión de Joan Ribó" que era quien la había recomendado. En otra de las declaraciones del juicio que se está ahora desarrollando uno de los trabajadores especificó que después del despido de Torija ésta le confesó que era "amiga personal" del alcalde Valencia.

También figura en la declaración de uno de los testigos que uno de los 'enchufados' Manuel Carot aseguró que tenía "amistad personal con Ximo Puig" y también que Raúl Ibáñez afirmaba que estaba en la empresa gracias a Mónica Oltra. En este caso, sin embargo, ni Puig ni Oltra figuran en este documento del despacho del expresidente de la Diputación en el que sí aparece el actual alcalde de la ciudad, Joan Ribó.

Las fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli explican que la importancia de este documento radica en que explicaría el 'modus operandi' en la contratación de los altos cargos y por eso ha sido exhibido a los testigos que han ido prestando declaración en la Ciudad de la Justicia de Valencia desde el pasado día 19 de septiembre.

Una prueba importante

Las mismas fuentes apunta a que el documento del despacho de Jorge Rodríguez es una de las pruebas que podría tener importancia en la resolución del juicio, como ya sucedió en el periodo de instrucción. El hilo argumental sin fisuras de muchos de los testigos y denunciantes que han ido pasando por la Sala; las testificales de los representantes de la policía judicial; y la de los pertenecientes a la Intervención General del Estado también se sumarán a ese ramillete de pruebas que apuntalen o no la mala utilización de los fondos públicos en la contratación de altos cargos en Divalterra.

El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez no se ha pronunciado sobre el documento del organigrama encontrado en su despacho que permitiría aclarar si las anotaciones escritas a mano en el documento son de su puño y letra. Rodríguez ha esquivado esta cuestión, de momento, porque durante su declaración sólo contestó a las preguntas de su representación letrada y se negó a contestar al Ministerio Público, a las acusaciones y el resto de las defensas no le formularon preguntas.

Hay que recordar que la Fiscalía pide ocho años de cárcel para Jorge Rodríguez y para su exjefe de Gabinete Ricard Gallego, así como para su exasesor Manuel Reguart, el exgerente de Divalterra Josep Ramon Tíller y la excogerente Agustina Brines. También reclama seis años de prisión para el exsecretario del Consejo de Administración de Divalterra Jorge Cuerda, el excogerente Xavier Simón y los directivos contratados.