La Administración autonómica valenciana que encabeza Carlos Mazón ha reforzado y actualizado los controles sobre la eficiencia de la inversión pública. El acuerdo adoptado hoy por el pleno del Gobierno valenciano reforma el decreto vigente, de hace 12 años, y regula el desarrollo del ejercicio de la Intervención de la Generalitat en la comprobación material de la inversión de fondos públicos.
El principal objetivo es mejorar las garantías y los sistemas de control para optimizar la eficiencia en la gestión y la comprobación de la Intervención se destinará a verificar la realización efectiva de las obras, los servicios y las adquisiciones financiadas con fondos públicos y su adecuación a los contratos o encargos correspondientes.
A través de esta disposición, que hoy será publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, se pretende corregir las deficiencias detectadas en el Decreto 137/2012 tras 12 años de aplicación.
Homologación al resto de Autonomías
Una cuestión que se precisa respecto al anterior texto es su ámbito de aplicación, ya que se fijan los supuestos en los que procede la intervención de la comprobación material de la inversión y la sistematización del procedimiento de preparación y desarrollo del acto de comprobación material de la inversión.
La actualización de esta norma se hace "en sintonía con la regulación de la materia por la Administración General del Estado y la mayoría de las Comunidades Autónomas", ha explicado hoy la portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino.
Visita potestativa
Las prescripciones que la regulación de la comprobación material de la inversión de fondos públicos realiza ese fija en una cuantía de 100.000 euros, IVA excluido, y se establece el carácter potestativo (frente al obligatorio anterior) de la asistencia de la persona interventora al acto de comprobación material de la inversión.
Esta cantidad es orientativa porque la Intervención de la Generalitat puede estimar que es necesario comprobar la recepción de bienes adquiridos con fondos públicos por debajo de esa cantidad y también por encima de la misma.
La comprobación de la inversión de fondos públicos pasa a basarse "en criterios objetivos y de calidad, y también se agiliza la tramitación del procedimiento de gasto sin que se produzca pérdida del control respecto del gasto realizado", ha explicado Merino.
Más seguridad jurídica
La también titular de Hacienda del Gobierno valenciano ha defendido que con el decreto aprobado hoy "aumenta la seguridad jurídica y se actualiza y concreta el procedimiento de designación, tanto de la persona interventora como del personal técnico asesor facultativo para la asistencia al acto de comprobación material de la inversión".
En este sentido, la designación de persona interventora se podrá realizar con carácter general y permanente para todas aquellas inversiones que afecten a una Conselleria, organismo autónomo sujeto a función interventora o provincia en que se realice la función o para la comprobación de un tipo o clase de inversión, según recoge el texto aprobado hoy.
Simplifica relaciones
El texto simplifica de esta manera las relaciones entre la Intervención General de la Generalitat, los órganos gestores y el personal asesor técnico cualificado.
Este decreto relaciona los supuestos recogidos en la normativa aplicable a las Administraciones públicas en los que la persona interventora participa en este acto de la comprobación material de la inversión.
Por último, según ha informado Ruth Merino, se deroga la disposición adicional tercera del Decreto 77/2019 del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, al no ajustarse a las previsiones establecidas en el Decreto 69/2023 del Consell por el que se aprueba la implementación del sistema de gestión económico-financiera NEFIS en la Generalitat, así como su normativa de desarrollo.
