El Gobierno valenciano acelera en la elaboración de los Presupuestos para 2025 y lo hace sin haber atado un fondo de nivelación que equipare los ingresos a la media nacional. Esta situación en la que lleva instalada décadas la Comunidad Valenciana provoca que el esfuerzo presupuestario para mantener la calidad en la prestación de la sanidad y la educación, fundamentalmente, sea muy superior al de otras autonomías.

"Ni contactos oficiales ni extraoficiales con el Ministerio de Hacienda". Con esta frase tan gráfica definen a Vozpópuli desde la Generalitat Valenciana el estado de las negociaciones al respecto del fondo de nivelación con el departamento que lidera María Jesús Montero.

1.782 millones anuales

La cifra demandada por el ejecutivo autonómico que encabeza Carlos Mazón es de 7.128 millones de euros en total para el conjunto de la legislatura, lo que de media supondría la percepción de 1.782 millones de euros al año. No parece que vaya a ser posible.

La Comunidad Valenciana y Murcia, así como alguna otra autonomía que está infrafinanciada, recibirían el fondo de nivelación desde el primer año, mientras que en la propuesta del Gobierno valenciano se contempla que desde el segundo año vigencia del fondo, diseñado con un horizonte de legislatura, entrarían como receptoras regiones como Galicia, Madrid o la propia Cataluña.

Con el paso de los meses, tampoco ha llegado ninguna oferta del Gobierno de España sobre la condonación de una parte de la elevada deuda valenciana fruto (en su mayor parte) de esa infrafinanciación sostenida.

El 'cupo' catalán

Esta cuestión de reducir la deuda sí se contempla en Cataluña donde el acuerdo entre PSOE y ERC, que Montero debe explicar en el Senado el próximo miércoles, también contempla una financiación singular o 'cupo' catalán, lo que ha causado mayor malestar en el Gobierno valenciano.

Su portavoz, Ruth Merino, explicaba ayer después de la sesión plenaria de Consell que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha acabado con la igualdad entre los españoles".

Es cierto que este año sí se conocen, a diferencia de lo que sucedió en el ejercicio anterior, tanto las entregas a cuenta como la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica correspondiente a 2023 y que se abonará en julio del próximo año.

Respecto a las entregas a cuenta actualizadas, el Gobierno comenzará a abonar desde septiembre a la Generalitat Valenciana los 500 millones de euros que adeuda (correspondientes al primer semestre) después de esa actualización. Desde julio, esas entregas ya están actualizadas en su cobro mensual.

Esta certidumbre sobre las cantidades a percibir en 2025, que serán crecientes por la mejoría del ciclo económico, permiten al Gobierno valenciano ajustar mejor las cuentas de cada departamento que se presentarán antes del 31 de octubre como marca la legalidad vigente.

Objetivo de déficit

Por contra, el Ministerio de Hacienda sigue sin fijar el objetivo de déficit individualizado que a nivel global en el sector autonómico está previsto en el 0,1%. De mantenerse esa cifra, la Comunidad Valenciana podría tener un margen de gasto adicional de unos 300 millones de euros sobre el Presupuesto global, aunque lo más probable es que sea con cargo del Fondo de Liquidez Autonómica por lo que, al final, será mayor deuda.

Tampoco está aprobado otro instrumento de la senda de estabilidad como es el techo de gasto que inicialmente se preve en un 3,2% y que Junts tumbó en el Congreso antes del parón estival en la Cámara Baja. El Gobierno, en septiembre, volverá a llevar la propuesta para que sea aprobada.

Impuestos y apoyo parlamentario

El Gobierno valenciano se enfrenta así a la elaboración de unas cuentas donde pretende acometer alguna nueva rebaja impositiva para aliviar la presión fiscal que sufren los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Cuadrar esas cifras partiendo de una severa infrafinanciación resultará difícil si no se incluye alguna partida de ingresos 'ficticia' o, al menos, de muy difícil cumplimiento.

Y en cuanto al apoyo parlamentario de esos Presupuestos, la portavoz del Consell, Ruth Merino, reconocía ayer que "lógicamente contemplamos el escenario de la prórroga", ya que la salida de Vox del Gobierno ha dejado en minoría al PP en la Cámara autonómica.

Si Mazón no logra, al menos la abstención de Vox, los Presupuestos estarán condenados a ser prorrogados porque la suma de PSPV y Compromís es mayor que los 40 escaños que obtuvo el PP en las elecciones de 2023.

La interlocución del presidente valenciano con la líder del PSPV y ministra, Diana Morant, no es muy fluida desde la llegada de Morant al puesto de liderazgo de los socialistas valencianos por lo que un acuerdo en esta materia parece muy alejado.

En el actual ejercicio, el presupuesto autonómico alcanza los 29.732 millones de euros, lo que supuso un incremento del 4,5% respecto a los de 2023.

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