La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, sigue desaparecida en la gestión previa y posterior de la DANA que arrasó la provincia de Valencia, así como zonas de Málaga, Albacete y Cuenca. Y no se sabe nada de ella pese a que muchas competencias sobre lo que ha ocurrido dependen de su Ministerio, como es el caso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar. La limpieza de los cauces y barrancos también se incardina en su departamento.

La falta de previsión y de voluntad ha sido manifiesta en lo que respecta a esa limpieza de cañas, enseres, suciedad acumulada o animales muertos en los ríos y cauces que se han visto afectados por esta rapídisima y brutal crecida en el Turia, el Magro y el barranco del Poyo.

Ribera está concentrada en el examen del próximo martes para ser comisaria europea pero las voces críticas en España contra su gestión en la mayor catástrofe natural que se recuerda en España se elevan cada vez más. En Valencia, es un clamor. Han sido numerosas las vías por las que se le ha requerido en los últimos años y meses para que mejorara la situación de los tres cauces por los que ha discurrido la tremenda avenida de agua. La respuesta ha sido negativa.

Desesperación en Algemesí

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha confirmado a este medio que en agosto de 2023 y en julio de este año escribió a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que se abordara la limpieza del cauce del río Magro que atraviesa su localidad y que se une en su término al río Jucar.

Esta doble petición del organismo dependiente del Ministerio de Ribera no tuvo respuesta. Los efectos en Algemesí de la gran cantidad de agua, mezclada con el arrastre de cañas y otros elementos provocaron un desbordamiento que ha anegado la localidad y con pérdidas humanas que lamentar.

Algemesí es un municipio que el propio Gobierno considera como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). Esa calificación, sin embargo, no ha servido para tener una especial protección.

Preguntas parlamentarias

Hay preguntas en el Congreso de los Diputados registradas por Vox o por el PP preguntando por el mal estado de conservación del ahora tristemente conocido barranco del Poyo a su paso por localidades como Catarroja. Y la respuesta dada por el Gobierno de España deja bien a las claras que el mal estado de los cauces tiene que ver con su visión medioambiental en la que se prefiere no hacer limpiezas profundas. Esta cuestión ha resultado letal para centenares de personas en Valencia.

El Gobierno en sus contestaciones parlamentarias a varias cuestiones similares, el año pasado y durante 2024, defiende que "las Confederaciones Hidrográficas realizan actuaciones de mera conservación de los cauces públicos, que consisten en la retirada de elementos obstructivos –como árboles caídos o acumulaciones naturales que puedan dificultar el paso de las aguas– para proteger el régimen de corrientes y su funcionamiento natural como desagüe en situaciones de avenidas ordinarias".
Y remata asegurando que "además, si las acumulaciones se producen por interferencia con infraestructuras
existentes (azudes, obras de paso…), la retirada de los elementos obstructivos corresponde al titular la infraestructura".

No tocar la vegetación

Reconoce el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del departamento de Ribera, que la CHJ no tiene obligación de limpiar los cauces porque "los organismos de cuenca no están obligados a su realización, pero pueden realizarlas y tienen la potestad de autorizarlas caso de que tales actuaciones las promuevan otras administraciones o particulares. Por lo tanto, no constituye en sí misma irregularidad alguna la denegación de una solicitud de limpieza o de acondicionamiento de un cauce que se haya pedido al organismo de cuenca que realice él mismo".

Por otra parte, "recuerda que la presencia de vegetación y sedimentos en los cauces y sus márgenes es un fenómeno natural que forma parte de la dinámica fluvial y que crea condiciones fundamentales para el desarrollo de los ecosistemas acuáticos, la laminación de avenidas, el sostenimiento de las márgenes y la mejora de la calidad de las aguas". 

Esa filosofía de apenas actuar en la limpieza de los cauces se especifica también una respuesta parlamentaria donde el Ejecutivo de Sánchez afirma que "no cabe entender a las actuaciones de conservación de cauces como obras intensivas de dragado o eliminación de la vegetación natural, ya que son manifiestamente incompatibles con los objetivos de conservación y protección de la naturaleza recogidos en la normativa vigente.
Además, concluye, "desde un punto de vista estrictamente hidráulico, pueden ser contraproducentes, ya que en muchos casos suponen el traslado del problema a otro tramo de cauce, incrementando el riesgo aguas abajo".
La realidad es otra. Esa visión de ecologismo a ultranza del Gobierno se extiende también a la preferencia de no actuar en la limpieza de los montes y que ha derivado en incendios monstruosos. Los efectos en la riada del pasado 29 de octubre fueron demoledores.

Presión descomunal y riada

El taponamiento de puentes y su posterior ruptura provocó que las avenidas de agua adquieran por efecto de la presión una enorme velocidad y más altura, como los tres metros que se registraron en zonas de Paiporta, donde además se suma una curvatura pronunciada del barranco del Poyo.

Esto viene sucediendo desde hace años, como en 2007, cuando los seis puentes del último tramo del río Girona fueron incapaces de canalizar una descomunal crecida de agua inundando un millar de casas en Beniarbeig.

Esta inacción del Gobierno de Pedro Sánchez en la limpieza de los cauces y los ríos ha llevado, incluso a grupos de voluntarios a retirar basura del barranco del Poyo en Catarroja. Este mismo año se retiraron más de 300 kilogramos.

La Generalitat Valenciana, mantiene otro criterio, ya que ha tratado de eliminar las cañas de los ríos con 16 millones de euros de fondos propios y europeos (en el programa 'Desencanyar') al suponer, según aseguran a este medio fuentes del Gobierno autonómico, "un riesgo en caso de crecidas de los ríos porque la abundancia de su materia vegetal bloquea el discurrir del agua y hace más graves las inundaciones".

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