Publicado: 17/09/2024 04:45
El aumento de la inseguridad ciudadana no va en paralelo con un impulso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de los refuerzos de las plantillas de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La Comunidad Valenciana, sin ir más lejos, lleva años esperando sin éxito a que se cubran más de un centenar de vacantes de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana.
La creación de la Policía Autonómica valenciana data del año 1992 y cuenta con una plantilla de 500 plazas de agentes, de las cuales 350 están en la provincia de Valencia y el resto, a partes iguales, en Alicante y Castellón, es decir, 75 agentes en ambas provincias.
El paso del tiempo ha ido menguando esa plantilla sin que haya sido renovada y, por lo tanto, está provocando una complicación añadida para el cumplimiento de sus funciones.
125 vacantes
Las fuentes consultadas por Vozpópuli en el Gobierno valenciano lamentan que a día de hoy hay casi 125 vacantes sin ocupar lo que significa que "con un 25% de sus puestos sin cubrir es muy difícil cumplir con las competencias más elementales que tienen asignadas por convenio".
Para poner en contexto la gravedad de la situación hay que tener en cuenta que en 2013 la plantilla contaba con un total de 476 agentes y diez años después se ha ido reduciendo significativamente en un centenar de efectivos.
El convenio firmado hace ya tres décadas recoge que la policía autonómica valenciana se encarga de cuestiones como la protección de víctimas de violencia sobre la mujer, de los menores, la competencia en el control de juego o la protección del medio ambiente y la lucha contra los incendios forestales.
También actúan en inspecciones en el sector industrial, colaboran en la protección del patrimonio, realizan tares de atención al ciudadano y coordinación de las policías locales.
Palau y la Cortes
La carencia de efectivos, sin embargo, está provocando que su actividad se ciña en la actualidad prácticamente a la protección y seguridad de autoridades de la Generalitat y de otros representantes institucionales que visitan la Comunidad Valenciana, así como la vigilancia de los edificios e instalaciones del Gobierno valenciano (como el Palau o las Cortes).
La coordinación de los grandes eventos y la participación en los dispositivos de seguridad como los de la festividad del 9 d'Octubre y actos oficiales de la Generalitat son las otras funciones que todavía pueden prestar con efectividad.
Por contra, la labor de presencia en las calles, vigilancia y contribución a la prevención de los delitos resulta muy difícil de desempeñar por la falta de agentes.
Sin avances
Esta cuestión ya ha sido denunciada por parte del Gobierno valenciano que encabeza Carlos Mazón desde julio de 2023.
Primero con Elisa Núñez (que fue cesada en su puesto de consellera de Justicia e Interior cuando Santiago Abascal dio la orden a Vox de salir de los Gobiernos regionales que compartía con el PP) y actualmente con Salomé Pradas, que la sucedió en el puesto, las quejas y peticiones a Marlaska han sido continuas por carta y en reuniones de la escala técnica.
Las mismas fuentes aseguran a este medio que el gran objetivo del convenio sería "incrementar las plantillas ya existentes y no crear nuevas comisarías, con el objetivo de disponer, al menos, de dos patrullas por turno y las 24 horas de los 365 días del año".
Delitos más graves
La falta de agentes asignados a la policía autonómica valenciana repercute también en las tareas que realizan para complementar las funciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es más, la falta de efectivos también afecta a día de hoy a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón donde hay un total de 13 cuarteles de la Guardia Civil en riesgo de desaparición o reagrupamiento.
El Gobierno valenciano insta al Ministerio del Interior a reconducir la situación con rapidez e incrementar los recursos policiales en la Comunidad Valenciana para que vayan en consonancia con el crecimiento demográfico y la subida de algunos de los delitos más graves, como los asesinatos o las violaciones, que están dejando de ser puntuales para pasar a ser estructurales.
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