La gestión de los primeros 70 días de Carlos Mazón al frente del Gobierno valenciano ha supuesto un vuelco en la presión fiscal y en la política lingüística y educativa.
El rápido acuerdo con Vox que le llevó a asumir la Presidencia de la Generalitat Valenciana el pasado 17 de julio hacía presagiar que también habría consenso en las primeras medidas a adoptar. Así ha sido.
El presidente valenciano siempre mostró especial interés por actuar de forma urgente en varias áreas. Una de las prioritarias era la rebaja de impuestos que Mazón entiende clave para propiciar una reactivación económica.
Ya en julio, en el primer pleno del Gobierno valenciano, anunció que se bonificaría al 99% el impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo que supone la práctica eliminación de esta tasa– y que supondrá un ahorro para los valencianos de 166 millones de euros.
9 de cada 10 contribuyentes
Esta misma semana ha avanzado en esa hoja de ruta de aflojar la presión impositiva con otro paquete de medidas que beneficiarán a 9 de cada 10 contribuyentes y supondrán un ahorro de otros 199 millones de euros.
Esta cifra sale de las deducciones que se podrán aplicar los ciudadanos en gastos por ir al dentista, al oculista, practicar deportes en gimnasio o tener hijos federados; así como para familias con alguno de sus miembros que sufran enfermedades crónicas de alta complejidad; o por los gastos generados por miembros de la unidad familiar con diagnóstico de daño cerebral adquirido o alzhéimer.
Los contribuyentes con declaraciones de la renta que no superen los 32.000 euros de forma individual o 48.000 euros en las conjuntas serán potenciales beneficiarios de estas iniciativas que tendrán carácter retroactivo al pasado 1 de enero.
La rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes menores de 35 años que quieran acceder a viviendas de hasta 180.000 euros también será sustancial y se rebajará del 8% al 6%. Mientras, ese tipo será del 3% para familias numerosas, personas con discapacidad y mujeres que hayan sufrido violencia de género.
Presupuestos sin ingresos ficticios
La vertiente económica ha sido clave en los primeros pasos de Mazón al frente del Gobierno valenciano y también ha dado las primera pinceladas de lo que serán sus Presupuestos para 2024.
Desaparecen los ingresos ficticios que siempre incluía el anterior Gobierno de Ximo Puig a sabiendas de que nunca llegarían y que engrosaban así el déficit en cada ejercicio.
Esa realidad le va a dar quebraderos de cabeza a Mazón para cuadrar las cuentas que están lastradas por la elevada deuda acumulada y por el déficit que cada año provoca la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Aún así confía en la reactivación económica como clave para no tener que aplicar recortes en servicios públicos esenciales.
En estos 70 días de mandato, Carlos Mazón ha destinado buena parte de su energía al ámbito lingüístico-educativo. Cero sorpresas si se atiende al programa electoral y, sin duda, uno de los contenidos más polémicos con los grupos de la oposición que mantienen una política en esta materia diametralmente opuesta.
Cierra el grifo al pancatalanismo
La petición a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) de "volver a su espíritu fundacional" recoge el sentir de la corriente mayoritaria del PP y de Vox en la Comunidad Valenciana sobre que es necesario que se acerque más a los usos de la ciudadanía y menos a los giros y expresiones que emanan del Instituto de Estudios Catalanes.
El vicepresidente primero, Vicente Barrera, también ha azuzado la lucha contra el indepentismo catalán y ha anunciado que su departamento –Cultura- no subvencionará a ninguna de las entidades pancatalanistas a las que Ximo Puig regó con 2 millones de euros durante la legislatura pasada.
Más allá de interpretaciones sobre la unidad de la lengua bajo el paraguas del catalán –cuestión que no ampara el Estatuto de Autonomía valenciano–, el Gobierno valenciano ha decidido incidir en la libertad de elección de los padres sobre el idioma en el que quieren estudiar sus hijos en los centros educativos: español o valenciano.
Libertad de elección de idioma
Esta medida se aplicará a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2024 y aunque su entrada en vigor será a finales de este año no se podrá cumplir hasta el curso académico 2024-25.
Con ella se va a "corregir la anomalía" –como expresó en las Cortes Valencianas el conseller de Educación, José Antonio Rovira–, de que alumnos de zonas castellanohablantes (144 municipios) estudien materias troncales en valenciano.
Esta ley también incluye la supresión de la Oficina de Derechos Lingüísticos que era una de las patas de lo que Mazón considera la 'policía lingüística' impuesta por Compromís y que se asemejaba a la que funciona en Cataluña.
"Libertad en mayúsculas" es lo que afirman querer Mazón y el titular de Educación que impere en las aulas para desterrar la imposición lingüística.
El conocimiento del valenciano se certificará cuando los alumnos acaben sus estudios pero pasará a ser un mérito y no un requisito a la hora de intentar el acceso a la Administración pública.
Mazón, siguiendo la estela de otras Comunidades Autónomas también va a recuperar las calificaciones a los alumnos del 1 al 10 para que los padres tengan una mejor comprensión de la evolución de sus hijos y para distinguir niveles de esfuerzo.
Salud mental y operaciones rápidas
En materia sanitaria hay varias prioridades establecidas. La mejora de la asistencia para problemas de salud mental es una de ellas, al igual que la reforma del mapa sanitario que el titular del departamento, Marciano Gómez, califica como "obsoleto".
La programación diferenciada de las intervenciones quirúrgicas es otro de los retos planteados. El objetivo es que una persona con un diagnóstico de enfermedad de extrema gravedad, como el cáncer, no pase más de 30 días sin poder operarse.
La parte más 'ideológica', la correspondiente al tipo de gestión sanitaria (pública, privada o de concesiones), está en el aire. Habrá una auditoría para determinar si reversiones de concesiones en la gestión hospitalaria diseñadas por el anterior Gobierno de Ximo Puig –Manises y Denia– continúan o no adelante.
Mazón ha dado órdenes de no actuar de manera sectaria en este propósito y dejarse guiar simplemente por la eficacia en la prestación del servicio sea de gestión pública o en régimen de concesión.
Menores tutelados
La violencia de género es, por su parte, el más polémico de los asuntos por la difícil convivencia en el Gobierno valenciano con los postulados de Vox que el PP no comparte.
Mazón, eso sí, amarró las competencias en la vicepresidencia segunda que encabeza su fiel colaboradora y mujer fuerte del PP en el Consell, Susana Camarero, que tiene una hoja de servicios intachable en materia de lucha por los derechos de la mujer.
Su biografía 'amordaza' o atenúa las críticas de la oposición (que se giran hacia los consellers de Vox) y Camarero va haciendo camino. Auditará la política del anterior Consell en lo referente a la gestión de los centros de menores tutelados.
Esa cuestión fue la que hizo caer a Mónica Oltra. El Gobierno de Mazón establecerá, después de analizar la auditoría, un protocolo común para que los menores tutelados –como explicaba Camarero en las Cortes– "tengan un lugar seguro donde vivir sin violencia, sin agresiones" frente a la "desidia del anterior Consell".
Este arranque de legislatura se puede concluir que no ha sido 'perezoso' para Mazón y que todos los proyectos que fijó como preferentes (lo son para un amplio espectro de sus votantes y de la ciudadanía en general como en el caso de los impuestos) ya están en marcha.
Otros como la ampliación norte del Puerto de Valencia y la garantía de suficiencia hídrica están al albur de la configuración del Gobierno de España que, mientras está en funciones, ralentiza la toma de decisiones.
