El titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, Vicente Ríos, que instruye la causa contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada ha acordado citar como investigado al que fuera su jefe de gabinete, Miquel Real. La causa de esta citación la sitúa el magistrado en la declaración de la propia Oltra el pasado día 19 y en la necesidad de "esclarecer su participación en los hechos objeto de la investigación".

En concreto, el juez estima que es necesario oír a Real –que actualmente sigue en el gabinete con la vicepresidenta, Aitana Mas– y también al que fuera subsecretario de la Conselleria de Igualdad y Política Inclusiva, Francesc Gamero, que ahora es secretario autonómico de Hacienda, por la misma cuestión.

Qué pasó entre el 4 y el 8 de agosto

El juez se centra en tratar de esclarecer lo sucedido entre los días 4 y 8 de agosto de 2017 en lo concerniente a la formación del expediente informativo o información reservada por parte de la Conselleria que dirigía Mónica Oltra, de manera paralela a la investigación judicial que ya entonces estaba en marcha. El juez califica el análisis de esta situación como "una parte relevante de la investigación".

De esta forma, se cumple la información que recogió Vozpópuli el pasado sábado acerca de las dificultades que la declaración de Oltra había generado para la temprana conclusión de la causa. Es más, las lagunas que presentó en la misma han ampliado las declaraciones que quiere tomar el juez para esclarecer los hechos y ello va a dilatar más la conclusión de la fase de instrucción.

La citación del juzgado se hará " a la mayor brevedad posible", recoge el auto del juez, por lo que en cuestión de pocas semanas se producirán estas declaraciones que deberían contribuir a arrojar luz sobre lo sucedido, aunque coloquen a Oltra en una situación cada vez más complicada.

Varias versiones

Hasta la fecha, Oltra ha dado varias versiones sobre quién decidió abrir el expediente en la Conselleria que dirigía. Primero, de manera pública ante los medios de comunicación, explicó que había sido ella –aunque en su declaración ante el juez explicó que hizo esa afirmación como consecuencia de un "estallido emocional" al ver que la gente de la Conselleria estaba sufriendo una presión grande–, y después situó a Rosa Molero, directora general de Infancia, como la persona que inició el expediente.

Esta disparidad de criterios, según ha ido evolucionando la causa, ha provocado que tanto el titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, primero, como la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, después, hayan visto indicios de la posible comisión de delitos.

La pérdida del aforamiento de Oltra, cuando dimitió de sus cargos, no ha hecho sino retornar el expediente al juez instructor que ya mostró sus dudas al respecto del proceder de la Conselleria en este caso, y esas dudas se han acrecentado después de la declaración de Oltra el pasado día 19.

Está por ver ahora qué supondrá para Oltra la declaración de Real y también la de Gamero, si blindan el relato de la exvicepresidenta –aunque éste haya sido cambiante– o aportan alguna novedad que complique aún más el futuro judicial de la otrora líder incuestionable de Compromís.

Lo que es evidente desde el plano de vista político es que esta incómoda cuestión para Compromís no va a desaparecer de la agenda de un día para otro, por lo que ya hay quien sugiere que sería mejor pasar página y evitar un desgaste que puede arrastrar hacia la abstención votos que pueden resultar cruciales ante lo reñido de la carrera electoral. La puerta abierta en los estatutos de primarias de Compromís a la vuelta de Oltra sigue en pie y hasta el último momento se puede rehabilitar a la exvicepresidenta si finalmente fuera desimputada, circunstancia que ahora mismo parece harto improbable.

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