El juicio del denominado caso Alquería –que afecta al expresidente socialista de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 acusados– por contrataciones presuntamente irregulares de personas vinculadas al PSPV y a Compromís en la empresa pública Divalterra (hoy ya desaparecida y asimilados sus trabajadores en la Diputación)– ha proseguido este lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia con la declaración, entre otros, del propio Rodríguez.
La Sala ha desestimado volver a empezar la instrucción, como pedían las defensas, y ha mantenido el calendario de declaraciones de investigados y testigos, entre ellos, el del actual presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar.
Gaspar deberá explicar, si a su juicio, hubo irregularidades en la contratación de altos cargos en Divalterra con el objetivo de favorecer a personas afines a estas dos formaciones políticas pese a que se emitieron numerosos informes en contra de las mismas. Junto a Gaspar también deberán declarar otros miembros de la corporación provincial cuando se produjeron las contrataciones como la actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez; la actual vicepresidenta de la Diputación, Maria Josep Amigó, o quien fuera número tres del PSPV y asesor en Presidencia de Ximo Puig, José Manuel Orengo.
La Sala sigue así con el calendario previsto y desestima el intento de repetición de la instrucción e invalidación del juicio por parte de las defensas. Tampoco ha tenido a bien atender la petición de que sean expulsados como acusaciones populares tanto la Asociación Cívica contra la Corrupción, como el PP.
Hizo lo que le recomendó Vera
Jorge Rodríguez ha insistido en su declaración en que "no hubo intención de colocar a personas afines" a ningún partido y asegura que en las contrataciones se siguió las recomendaciones del responsable jurídico de la empresa, José Manuel Vera, –que está investigado en la causa de Azud como conseguido de contratos de administraciones públicas para el empresario Jaime Febrer–. Además, ha indicado que tenía puestos de asesores libres y que ellos demuestra que no había intención de enchufar a personas relacionadas con PSPV y Compromís.
Rodríguez se enfrenta a una pena, tal y como reclama la Fiscalía Anticorrupción, de 8 años de prisión y 20 de inhabilitación (el PP que ejerce la acusación popular reclama 18 años). La misma petición de cárcel encara el que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego; el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria); y los dos exgerentes de la empresa pública, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). A todos ellos el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
Las jornadas de declaraciones de los acusados se extenderán aún durante siete días más, antes de dar paso a la ronda de declaraciones de testigos en un juicio que está previsto que finalice el 25 de noviembre. A lo largo de estos tres meses, además de los acusados, prestarán declaración 46 testigos y 13 peritos.
Jorge Rodríguez es actualmente el alcalde de Ontinyent por el partido político La Vall ens Uneix, al que se incorporó después de abandonar el PSPV diez meses después de su detención el 27 de junio de 2018. En las elecciones municipales de 2019 arrasó en su localidad natal –dejó sin diputado provincial al PSPV– y desde entonces sigue al frente de la Alcaldía.
Penas elevadas
Para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección en Divalterra, y que estaban vinculadas al PSPV y Compromís, el fiscal pide penas de 6 años de prisión por falsedad documental y malversación de caudales públicos; también 6 años de prisión para asesor jurídico de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente de la empresa, Xavier Simón, por falsedad, prevaricación y malversación. En cuanto, a otro de los acusados, Pau Pérez, finalmente se acordó el sobreseimiento provisional de su causa en la primera jornada del juicio.
El coste para las arcas públicas de lo que el fiscal califica como "una estructura de Gobierno paralela a la auténtica voluntad del Consejo de Administración" fue de 1,1 millón de euros. El nombramiento de personas afines tenía por objeto, según este relato del escrito de calificación del fiscal, "controlar la empresa pública a su antojo, dado que los técnicos se negaban a obedecer órdenes de marcada ilegalidad".
Las contrataciones de alta dirección de las siete personas vinculadas a estas dos formaciones políticas se hicieron "sin sujetarse a los principios de mérito, capacidad y transparencia" –cuestión preceptiva en la función pública- y además se les encargaron áreas sin un contenido efectivo y "sabedores" los contratantes de que suponían un perjuicio por el coste salarial para la empresa pública.
Indemnizaciones y devolución de salarios
Por ello, el fiscal pide como responsabilidad civil a Rodríguez, Gallego, Reguart y Brines que indemnicen conjunta y solidariamente a Divalterra con 1.009.000 euros, y a Tiller con 1.001.000; con 8.200 euros a Cuerda y Simón; mientras que los contratados tendrán que indemnizar según los salarios e indemnización recibidos en su día.
Este juicio supone la primera enmienda a la gestión conjunta de PSPV y Compromís desde su llegada a las principales instituciones valencianas en 2015 y rompe el discurso de la corrupción que blandieron contra el PP en la campaña electoral de ese año.
