La esperada declaración de Mónica Oltra ante el juez el pasado lunes no ha hecho sino complicar aún más la posibilidad de que la exvicepresidenta del Gobierno valenciano pueda ser candidata de Compromís en las autonómicas de mayo del 23 como cabeza de cartel o simplemente como integrante de la lista. Muchas eran las voces en la coalición que esperaban que la declaración sirviera para acelerar la resolución del caso pero, según diferentes fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli, todo apunta a que se va a requerir la práctica de nuevas diligencias.

El extenso y pormenorizado interrogatorio a Oltra por parte del titular del Juzgado de instrucción 15 de Valencia, Vicente Ríos, supuso en la práctica la apertura de algunos interrogantes sobre la actuación de presunto encubrimiento de la exvicepresidenta en relación a los abusos que su entonces marido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, cometió sobre una menor tutelada. Los hechos se conocieron en febrero de 2017 y en junio de ese año se trasladaron a la Fiscalía de Menores. Ramírez Icardi ha sido condenado a cinco años de prisión en una sentencia que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.

Desconocimiento total

La base de la defensa de Oltra se centra en el desconocimiento sobre lo sucedido y, una vez que fue conocedora de los hechos (el 4 de agosto de 2017 tras una llamada de su exmarido), permaneció al margen del expediente que sobre este escabroso asunto abrió la Conselleria de Igualdad que ella dirigía.

Las justificaciones de Oltra ante el juez para esa actitud de ignorancia sobre los abusos a la menor son varias. Una fue la enfermedad de uno de sus hijos –que la obligó a permanecer junto a él todo el mes de agosto en el que conoció los hechos– y que hicieron que delegara todas las actuaciones en su jefe de gabinete, Miquel Real (quien fue el primer marido de Oltra).

También asegura que nunca quiso saber nada del expediente de la Conselleria y que no lo ha leído, cuestión que sorprendió al juez al ser origen de la denuncia en la que ahora está inmersa la exvicepresidenta. Ese desconocimiento total del caso que afecta a su exmarido (con el que convivía en el momento de los hechos) también lo extendió Oltra a la hora de no saber explicar porqué no se dio traslado de inmediato a la Fiscalía de Menores de la denuncia de abusos.

Señala a otros responsables

Tampoco supo explicar la razón por la que los técnicos de la Conselleria que ella dirigía, y que entrevistaron a la menor, obviaron durante los 45 minutos de encuentro el tema de los abusos. Y Oltra afirma en su declaración que tampoco sabe porqué se inició un expediente en la Conselleria paralelo a la investigación judicial que estaba en marcha. En este asunto, Oltra señala a la directora general de Infancia, Rosa Molero, como la persona que decidió abrir ese expediente.

Es por ello, que el fiscal –quien también realizó un amplio interrogatorio a Oltra– tiene en mente solicitar la práctica de algunas diligencias que contribuyan a aclarar la nebulosa que la exvicepresidenta ha generado sobre la gestión de este caso de abuso a una menor tutelada por parte de la Conselleria de Igualdad.

Más citaciones y correos electrónicos

El juez deberá decidir sobre las peticiones que el fiscal está estudiando elevar en estos momentos y también valorar si debe citar a personas que Oltra señaló claramente como es el caso de Miquel Real; el subsecretario de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Francesc Gamero; y la citada Rosa Molero.

Si finalmente son citados, sus declaraciones como testigos o investigados, según decida el juez, pueden ser relevantes para el esclarecimiento del caso y ayudar a determinar si hubo por parte de Oltra una intención de encubrir el caso de abusos de su exmarido y voluntad de no colaborar con el Juzgado que llevaba la causa.

Además, Vicente Ríos debe también pronunciarse sobre si acepta o no la petición del fiscal, Jaime Cussac, de conseguir los correos electrónicos que se enviaron entre los imputados en esta causa (un total de 14) limitado al periodo entre febrero y finales de noviembre de 2017 cuando se conoció la denuncia de abusos a la menor. Esta sería una práctica que también puede revelar la intención en la apertura del expediente en la Conselleria y, sobre todo, explicar de quién partió la orden.

Oltra se ha desentendido del expediente pero en una declaración ante el juez la jefa de Servicio de Infancia, María Amparo Nogués, sugirió que la orden de apertura llegó 'desde arriba', aunque sin reconocer órdenes expresas de la entonces consellera. Si el juez aceptar seguir adelante en las pesquisas para tratar de obtener los citados correos, la instrucción del caso aún se demorará durante más meses.

Es por ello que la maraña judicial sobre Oltra lejos de desentrañarse se ha liado aún más después de su declaración y ello tendrá consecuencias inmediatas en Compromís. Tanto el diputado nacional, Joan Baldoví, como la actual vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, pueden ser sus sucesores al frente de la candidatura. Ambos apoyan a Oltra públicamente y creen en su inocencia.

Baldoví es militante de Més Compromís (el antiguo Bloc) que pasa por ser el partido más fuerte de la coalición. Querría seguir en Madrid como diputado nacional pero las circunstancias le pueden obligar a dar el paso adelante por su partido. Y Mas (militante de Iniciativa, el partido de Oltra) podría ir como número dos, pero ya ha dejado caer en alguna ocasión que estudiará si da el paso para liderar la organización en la lista autonómica. Entre ellos dos estará el cabeza de cartel.

Ahora, es más improbable que Oltra pueda hacer uso del salvoconducto que se buscó en el reglamento de primarias de Compromís para que en cualquier momento antes de la validación de las listas electorales se pueda recuperar a "personalidades de Compromís" tal y como reza el texto escrito con la esperanza de que la absuelvan antes de la campaña.

Todo indica que la carrera política de la exvicepresidenta se diluye y que todos sus esfuerzos están centrados ya en sortear la apertura de juicio donde la prevaricación, desobediencia, ocultación de pruebas y malversación asoman como delitos que se le podrían acabar imputando. 

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