PP y Vox ya han trazado su hoja de ruta respecto a la comisión de investigación en las Cortes Valencianas a la gestión del sector público instrumental durante los dos Gobiernos presididos por Ximo Puig entre 2016 y 2023. La principal conclusión es que la duración de la investigación parlamentaria se estirará hasta prácticamente las puertas de 2027 que es un año de ciclo electoral tanto autonómico (salvo adelanto) como local.
Las dos formaciones que han impulsado la creación de esta comisión presentaron ayer su plan de trabajo que incluye un calendario inicial de 18 meses, hasta enero de 2026, pero que puede ser prorrogado por otro plazo de 18 meses.
Un calendario 'vivo'
Las fuentes consultadas por Vozpópuli, tanto en el PP como en Vox, aseguran que es muy probable que se tenga que aplicar una prórroga, si bien no necesariamente de 18 meses, pero a buen seguro que se acercará a un año.
El portavoz de Vox en las Cortes, José María Llanos, y su homólogo en el PP, Miguel Barrachina, aseguran que la comisión está "viva" y por tanto abren la puerta a esa prórroga con nuevas citaciones a raíz de las comparecencias que se vayan sucediendo.
Irregularidades detectadas
Esta circunstancia llevaría a que las conclusiones de la comisión de investigación estuvieran listas en el primer trimestre de 2027. El análisis de la gestión de los Gobiernos de Ximo Puig es una iniciativa del presidente autonómico, Carlos Mazón, en base a las irregularidades que detectaron en su momento tanto la Sindicatura de Cuentas y la Intervención de la Generalitat como la propia AIreF.
La comparecencia de Ximo Puig no está entre las reclamadas por PP y Vox en el calendario parcial que han ofrecido pero "no lo descartamos" a futuro, aseguran. Quienes sí estarán son algunos miembros de sus gobiernos como la exconsellera de Justicia, Gabriela Bravo o el exconseller de Educación y ahora eurodiputado, Vicent Marzà.
Estas citaciones están hechas en base a que eran los responsable de algunos de los organismos públicos que se quiere investigar y no por su acción política al frente de sus departamentos.
Decenas de empresas
Junto a ellos hay altos cargos de diferentes consellerias y numerosos directores, gerentes y responsables de unas 50 empresas y organismos públicos a los que se va a pasar la 'lupa' en los referente a las contrataciones, salarios y beneficiarios durante los 8 años de Gobierno de coalición de PSPV, Compromís y Podemos.
El hecho de que la comisión de investigación –que celebrará dos sesiones al mes, preferentemente en lunes, y con la excepción de los meses de noviembre y diciembre– pueda ser un arma arrojadiza en la previa de las elecciones es algo que preocupa a los dos partidos de la oposición.
La oposición lo ve un "circo"
PSPV y Compromís tildan esta iniciativa parlamentaria como un "circo". En las filas socialistas el diputado autonómico y expresidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, afirma que "no es comprensible que se investiguen los 8 años de los Gobiernos de Puig donde no hubo condenas y se pase por alto el periodo anterior de Gobiernos del PP donde sí las hubo", algo en lo que coincide el portavoz de Compromís en las Cortes, Joan Baldoví.
En su propuesta, los socialistas intentarán que acuda el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana en base a las presuntas adjudicaciones fraudulentas de las ITV bajo su mandato y que acaban de ser juzgadas en la Audiencia Provincial de Valencia
Este intento, junto a las peticiones de exconsellers de la época del PP, en las que también coincide Compromís, no serán atendidas, a buen seguro, y la investigación se circunscribirá a la época de los Gobiernos de Puig.
Auditoría en la Generalitat
Carlos Mazón dio la orden este año de revisar "con lupa" los contratos que el Gobierno de Ximo Puig realizó en plena pandemia del COVID-19. El presidente valenciano ya había anunciado a finales de 2023 una auditoría del sector público y está reforzando la "vigilancia" ante informaciones como la adelantada por Vozpópuli en la que se desvelaba que el anterior Ejecutivo contrató con 46 de las 75 empresas que figuran en el sumario del caso Koldo.
"La intención es que no quede contrato sin fiscalizar porque los valencianos merecen saber adónde fue a parar hasta el último céntimo del dinero público", explicaba en su momento el presidente valenciano.
Las Cortes siguen así la estela de lo que Mazón ha ido anunciando en los últimos meses donde denunció que el Gobierno de Ximo Puig "adjudicó a dedo 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros”, mientras que en el año 2021 se registraron más de “4.000 contrataciones de personal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos”.
