El ser humano es prisionero de las circunstancias como apuntaba el filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset el siglo pasado. Y está claro que nadie escapa a ese entorno cambiante. Nadie. El presidente autonómico valenciano, Ximo Puig, ha visto como esas circunstancias han ido cambiando a lo largo de la legislatura y le han llevado a anunciar una cuestión que durante sus siete años de mandato no ha aplicado: una rebaja de impuestos.

Hasta la fecha en esos siete años la subida impositiva –impulsada sobre todo ideológicamente por sus socios de Gobierno: Compromís y Podemos– ha sido constante y la oposición parlamentaria la cifra en alrededor del 40%, aunque en los últimos tiempos desde el Consell se han aprobado ayudas a colectivos como los autónomos y rebajas en tasas como el transporte público para tratar de paliar los efectos de la inflación.

El "infierno" fiscal

Hace apenas un año que Puig tuvo un agrio intercambio de pareceres con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al hilo del planteamiento del primero de aplicar un impuesto de capitalidad a la rentas altas para compensar la ayuda que, a su juicio, se presta desde el resto de autonomías al crecimiento de la capital de España.

Esa petición fue desoída por el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez y después matizada por el entonces conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler. Ayuso replicó con aquello de que en la Comunidad Valenciana hay un "infierno fiscal".

Las diferencias entre el mapa impositivo madrileño y valenciano son grandes. Mientras en Madrid el tramo máximo aplicable a nivel autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es del 21%, en la Comunidad Valenciana es del 25,5%, incluso en lo referente a las rentas más bajas en Madrid se ven gravadas en este impuesto un 9% frente al 10% en Valencia.

También se aplican en la Comunidad Valenciana porcentajes que prácticamente doblan a los de Madrid en Actos Jurídicos Documentados o en Transmisiones Patrimoniales. O sea que un infierno puede que sea exagerado pero mayor presión para los valencianos sí parece existir.

Presionados por los socios de Gobierno

La senda del Gobierno valenciano ha sido la de crear impuestos y en los últimos meses especialmente dirigidos al sector medioambiental con tres nuevos y también al turístico con una polémica tasa que los ayuntamientos tendrán la potestad de aplicar o no. El PSPV no estaba favor de sacar adelante esta propuesta pero de haberse negado a dar la opción de aplicarlos a los entes locales habría puesto en peligro el consenso en el final de legislatura con Compromís y Podemos.

Bajar los impuestos es pegarse en la propia caraVicent Soler (ex-conseller de Hacienda)

El dogma de mantener la presión impositiva ha sido asumido por el Gobierno valenciano, incluso, cuando los efectos de la invasión de Rusia en Ucrania se notaban ya en el bolsillo de los ciudadanos por la carestía del precio del combustible, la energía y todas las derivadas que ello produce.

Vicent Soler, entonces conseller de Hacienda y Modelo Económico, explicitó el 30 de marzo pasado –poco antes de dejar su cargo– el sentir del Gobierno valenciano al señalar que en ese momento (no hace ni medio año) "si bajamos impuestos no podemos ayudar a las familias y las empresas; bajarse impuestos es pegarse en la propia cara".

Es por ello que cuando Puig anunció a principios de esta semana que va a abordar una "revisión fiscal global en el ámbito competencial de la Generalitat para ayudar a las clases medias y proteger a la población más vulnerable e impulsar la creación de empleo", sonó raro. Y es extraño porque la senda de Puig ha sido similar a la del Gobierno de España donde Pedro Sánchez ha dado luz verde en esta legislatura a subidas impositivas del IVA, al ahorro, Sociedades, primas de seguro y matriculación de vehículos, entre otros. Seguía esa estela.

La mano tendida de Mazón

Puig también decidió ignorar y ni siquiera valoró la rebaja de impuestos que el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, presentó hace nueve meses –esta sí, con medidas concretas– y que supondría una bajada de impuestos de 1.530 millones con la que esperaban generar 70.000 empleos y que el PIB pudiera crecer un 1,5%.

La reforma que plantean los populares, que siguen con la mano tendida a Puig para que pueda aplicarla, afectaría al tramo autonómico de IRPF, el impuesto sobre Patrimonio, el impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Le corresponde al Gobierno valenciano y a los socialistas que lo integran, con Ximo Puig a la cabeza, dar el siguiente paso como es el de concretar esa reforma fiscal anunciada y explicar cuándo va a aplicarse. El actual conseller de Hacienda, Arcadi España, será el encargado este fin de semana de empezar a alumbrar esas medidas concretas, que Puig no ha adelantado, durante el seminario que el Ejecutivo autonómico va a celebrar en la ciudad alicantina de Alcoy y que tiene por objeto preparar la recta final de la legislatura.

Un cambio de rumbo

Compromís y Podemos están en contra de esa rebaja y así lo han manifestado en público varios de sus dirigentes, aunque ponerse en contra de aliviar la presión sobre las familias valencianas conlleva un riesgo alto a nueve meses de las elecciones tal y como reconocen fuentes consultadas en ambas formaciones.

Puig, en cualquier caso, parece tener claro que con las urnas en el horizonte y, a diferencia de estos últimos siete años, le toca virar el timón y seguir la estela de Ayuso aunque matizan desde el Gobierno valenciano que ellos ayudarán con esta rebaja a los más desprotegidos y consideran que la dirigente madrileña se centra más en beneficiar a las clases altas.