La dialéctica de los políticos en torno al trasvase Tajo-Segura bordea siempre los tintes belicistas y el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado que suban de nuevo los decibelios en la Comunidad Valenciana. Ha dejado en la estacada al presidente valenciano, Ximo Puig, y finalmente el recorte de la conducción será más del doble de lo que éste esperaba.

Un total de 104 hectómetros cúbicos es la reducción de aporte hídrico en la conducción Tajo-Segura según aprobó el Consejo Nacional del Agua el pasado día 29 de noviembre donde se dio luz verde al plan de cuenca del Tajo que recorta el trasvase a Alicante, Murcia y Almería más de un 45%.

Puig tenía la esperanza inicialmente de que el recorte para Alicante fuera de un 20% respecto al actual pero finalmente el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, le ha ganado la partida y ese recorte será superior al 45%. En concreto el aumento del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez y Toledo restará aportes de agua del trasvase para el Segura.

La exposición pública del Gobierno valenciano, del propio Puig y de sus consellers, ya había anunciado esa reducción 'asumible' del trasvase y aseguró que, además, se haría de manera progresiva en los próximos años. La 'venta' de esa noticia se extendió concierto alivio entre los regantes que veían como podían estar tranquilos para los próximos cinco años.

Teresa Ribera se posiciona con García-Page

Las dudas que después ha arrojado el acuerdo ante un aumento del caudal ecológico por encima de lo pactado inicialmente ha dejado a Puig en la región que preside en una situación incómoda. La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha posicionado del lado de Castilla-La Mancha, después de la presión ejercida por su presidente Emiliano García-Page y ha enojado a los afectados en Alicante, Murcia y Almería.

El presidente murciano anunció medidas legales ante el nuevo recorte, si se hacía en los términos previsto por Puig, mientras que el presidente valenciano, después del fiasco sufrido ha sido mucho más laxo en sus críticas y como mucho presentará alegaciones si no se respeta lo acordado inicialmente. Un informe de la Abogacía de la Generalitat no ve justificado jurídica ni técnicamente un eventual aumento del caudal ecológico.

Puig se apoya en ese documento de los servicios jurídicos de la Generalitat para advertir que no cederán a un cambio del Gobierno de lo pactado en el Consejo Nacional del Agua. Su vicepresidenta primera, Aitana Mas, ha asumido el discurso de Puig y habla de que la Generalitat velará porque se mantengan 7 hectómetros hasta 2026.

Ahora bien, el Gobierno valenciano, por si acaso, ha abierto un 'frente' madrileño en esta ecuación al señalar a la Comunidad de Madrid como la culpable de la escasa calidad de las aguas del trasvase por la que se vierte desde Madrid al Tajo. También ha pedido que acometan obras previstas por el Ministerio en la región liderada por Isabel Díaz Ayuso, estimadas en 1.000 millones de euros para mejorar esa calidad y aumentar el caudal del río y, por ende, del trasvase.

Ayuso no se queda callada

Desde Madrid ya han recogido el guante y han contestado que la calidad de las aguas de la Autonomía está 10 puntos por encima de la media nacional, por lo que parece que Puig ha pinchado en hueso en este asunto. Tampoco parece defendible la "soberanía hídrica" por la que Aitana Mas asegura que está luchando la Generalitat, ya que la reutilización y depuración de aguas, el riego por goteo y la mejora de las infraestructuras tiene margen, pero no mucho, en la Comunidad Valenciana.

Así las cosas los regantes del Tajo-Segura ya señalan a Puig y le dicen que "ha sido engañado" y también que van a iniciar un calendario de movilizaciones, de hecho el martes día 20 se manifestarán en Valencia. Esta puede ser la peor pesadilla de un dirigente político a las puertas de unas elecciones, como es el caso. Exigen que el recorte se quede en lo inicialmente pactado y que, si se supera, emprenderán acciones legales.

La alternativa de los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica se centra en la desalación. Y esperan que en 2027 la cuenca del Segura reciba 340 hectómetros cúbicos (actualmente son 149), algo difícil de creer cuando la capacidad de las plantas desaladoras es menor, por lo que habrá que realizar ampliaciones. El otro gran escollo es el precio del agua desalada que actualmente por los elevados precios de la energía es de 1,5 euros por metro cúbico frente a los 0,12 euros por metro cúbico que cuesta el agua procedente del trasvase.

Pese a que el plan de Acuamed es negociar ese precio a la baja y reducir el agua desalada a unos 0,40 euros por metro cúbico (con la incorporación de la energía fotovoltaica) resulta difícil pensar que los regantes vayan a pagar más de 100 millones de euros frente a los 40 que pagan en la actualidad.

Quebranto económico

El riesgo es grande si el recorte del trasvase se consuma. Peligran 27.000 hectáreas productivas en Alicante, según los regantes, y también 6.000 puestos de trabajo. Además, casi 3.000 millones de créditos en los que están empeñados los agricultores y empresarios de esa superficie afectada para modernizar sus explotaciones corren peligro de no ser devueltos.

Ese caldo de cultivo abre una vía de crítica y así el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, junto a Fernando López Miras, ha abierto un frente común contra el Gobierno de España y contra Page y Puig. Mazón tiene claro que «la Generalitat y Puig se han rendido al recorte inevitable ya del trasvase Tajo-Segura que es el camino hacia la muerte de la solidaridad».

Para Mazón "nos han vendido que hay un gran acuerdo y lo que hay es un gran recorte". En el PP recuerdan que desde que llegó Sánchez se han reducido 20 aportes de agua pactados en la etapa de Rajoy, "lo que ha supuesto unas pérdidas económicas de 590 millones de euros para las cuencas receptoras, de los que 190 millones corresponden a Alicante".

La guerra del agua parece que ha venido para quedarse y en un año electoral mucho más. El frente que ahora se centra en el eje del trasvase Tajo-Segura se ampliará a otros territorios ante la demanda del PP valenciano de reactivar el proyecto para traer agua del Ebro a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, lo que arrastrará a Aragón a un debate estéril (por la falta de soluciones en décadas) que parece no tener fin.