El Juzgado de lo Penal 17 de Madrid ha condenado a una multa a la madre y a la hija que el pasado 30 de octubre de 2020 se saltaron el cordón de seguridad de la casa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Galapagar.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez las condena a una pena de seis meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, como autoras de un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad del art. 556.1 del Código Penal. A una de ellas, acusada también del delito leve de maltrato de obra, la magistrada la ha absuelto.

El tribunal señala que se opta por imponer la pena de multa a la vista de "la entidad de los hechos y de las personas acusadas, sin antecedentes penales, entendiendo que dicha pena será "suficiente para alcanzar los fines de prevención general y especial de la norma".

En el juicio, las acusadas manifestaron que "no había ningún perímetro" y que "los agentes de la Guardia Civil las agredieron" desde el primer momento en que se acercaron a la zona a ver a unas amigas, sin que llamaran a la ambulancia cuando una de ellas se desmayó.

"Yo me quería ir y el agente no me dejó"

"Yo me quería ir y el agente no me dejó. Me pisó y me dio empujones", relató en la vista oral Ascensión D. B. "Tuve miedo de los agentes", afirmó su hija.

Frente a ello, los guardias civiles implicados narraron que las acusadas, vecinas de Galapagar, eran "asiduas" en las protestas que se realizan a las puertas de la residencia de Pablo Iglesias e Irene Montero y explicaron que se negaron a respetar el cordón de seguridad que conocían que se montaba al grito de 'bolivarianos' y 'Viva España', usando "la fuerza mínima imprescindible" para inmovilizarlas.

La Fiscalía imputaba a la madre un delito de desobediencia y a la hija, un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro leve de maltrato de obra. Se solicitaba un año de prisión para la hija y otros seis meses para su madre.

Hechos juzgados

En su escrito de acusación, el fiscal relataba que las dos acusadas acudieron sobre las 17.30 horas del pasado 30 de octubre de 2020 a las inmediaciones de la zona donde tienen su residencia Iglesias y Montero.

Según el fiscal, cuando agentes de la Guardia Civil, "uniformados y debidamente identificados", se disponían a establecer el perímetro de seguridad ambas mujeres "mantuvieron una actitud de absoluto desprecio a la labor de los agentes, impidiéndoles el cumplimiento de la función encomendada, desobedeciendo de forma reiterada las indicaciones claras que los mismos les daban, en relación a que retrocedieran en la vía pública y despejaran el perímetro de seguridad".

Pese a las advertencias, según el escrito, la Fiscalía argumenta que, "lejos de deponer su actitud", madre e hija persistieron en su comportamiento "haciendo caso omiso a los reiterados requerimientos que los agentes les realizaban".

De hecho, se aproximaron a los agentes gritándoles a escasos centímetros de sus rostros, "prescindiendo del uso de la preceptivas mascarillas".

Sin embargo, en un momento dado, A. I. Q. D. trató de acceder de nuevo a la zona de seguridad "con la intención de aproximarse a la vivienda". Allí fue interceptada por un agente "quien le cortó el paso, cayendo ésta al suelo, momento en que la misma, al tiempo que le decía "hijo de puta", intentó agredir con el bolso al agente en el rostro, golpe que éste esquivó, tras lo cual, la acusada le lanzó patadas que impactaron en las botas y tibias del citado agente, sin causar lesión alguna".