La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a cinco acusados, entre los que se encuentran un exalcalde y dos exconcejales del PP de Calpe, por pagar y recibir sobornos, entre otras irregularidades, en el contrato del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos del municipio, procedimiento que constituye una de las piezas separadas del llamado 'caso Brugal'. Otros tres acusados han sido absueltos.
La sentencia, notificada este lunes a las partes, impone al exalcalde y dos exconcejales, Francisco Javier Morató, Juan Roselló y Fernando Penella, penas de dos años, seis meses y un día de prisión, así como 13 años de inhabilitación especial y el pago de multas como autores de un delito continuado de cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, según ha informado el TSJCV en un comunicado.
El propietario de Colsur SL (en la actualidad Sirem SL), Ángel Fenoll, adjudicatario del servicio, ha sido condenado a dos años y un día de cárcel, a ocho años de inhabilitación y a multas por cohecho, inductor del delito de prevaricación y cooperador necesario en el caso del fraude.
Más implicados
La Audiencia ha impuesto a otro implicado, cuñado del exconcejal Roselló, dos años de cárcel y diez años de inhabilitación como cooperador necesario en el cohecho e inductor del delito de prevaricación.
Los otros tres acusados -la mujer de un concejal, el exdirector de la concesión del servicio y el hijo del empresario condenado- han resultado absueltos por falta de pruebas de los delitos que les atribuía la Fiscalía en esta causa.
La sala ha apreciado en todos los penados y por todos los delitos la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada por los retrasos registrados en la tramitación del procedimiento.
La sentencia declara probado que el empresario Ángel Fenoll pagó al entonces alcalde de Calpe, al concejal de Hacienda y al de Turismo, Playas, Aguas y Protección Civil, 601.012 euros a cambio de la adjudicación en 1998 a su mercantil, Colsur SL., de la concesión del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de la localidad.
En esos sobornos, que incluía otra partida de 90.151 euros destinada al club de fútbol local, el Calpe C.F., intervino como intermediario el cuñado de Roselló, quien percibió a su vez al menos 24.040 euros.
Un contrato de 25 años
El contrato de la concesión, que tenía una duración de 25 años, se firmó en febrero de 1998, pero en noviembre del mismo año, como la facturación no era suficiente para hacer frente a los sobornos acordados, el empresario planteó ampliarlo para obtener mayores ganancias, tal y como precisan los magistrados en la resolución.
Fue en julio del año 2000 cuando la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Calpe aprobó la ampliación, consistente en la derivación a la planta de tratamiento de residuos de las algas provenientes de las playas del municipio.
El tribunal considera que esa ampliación se realizó "sin cumplir trámites exigidos legalmente", sin que se solicitaran informes técnicos y sin que haya quedado acreditada su necesidad ni la existencia de un interés público.
En cambio, la sala entiende que no ha quedado acreditado que la empresa adjudicataria facturara "una cuantía económica y cuantificable" en el desarrollo del contrato "no correspondiente a los servicios prestados al Ayuntamiento". La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Mazarino
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