La ley de Transparencia aún no ha llegado, y difícilmente afecta a la Jefatura del Estado. Así lo ha demostrado la ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha asegurado que no puede dar información sobre la finca La Angorrilla, donde supuestamente estuvo viviendo durante cinco años la "amiga entrañable" del Rey de España, Corinna zu Sayn-Wittgenstein. En respuesta a una pregunta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre esta finca perteneciente a Patrimonio Nacional, la ministra ha dicho que "el consejo de administración de Patrimonio Nacional puede dar información sobre bienes entre los que no está el que usted me indica". Por tanto, ningún tipo de información facilitará el Gobierno sobre esta finca que presuntamente fue reformada con cargo al erario público.
"Me he tenido que estudiar la normativa de Patrimonio Nacional, que es compleja. Hay bienes de la Jefatura del Estado de los que es normal que el Gobierno no tenga datos de lo que hace la Jefatura de Estado", ha dicho la vicepresidenta, quien ha asegurado que el CNI "no gestiona Patrimonio Nacional", por lo que su director Félix Sanz informará sobre otro tipo de cuestiones relativas a Corinna.
Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado "un paquete de medidas contra la corrupción muy ambicioso y muy profundo" en el que se mantenga sin embargo la independencia del poder judicial.
Ley antidopaje
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la nueva Ley Antidopaje y una declaración institucional del Ejecutivo con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo, según fuentes de Moncloa. En rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, también se ha anunciado la creación de la autoridad fiscal independiente, cuyo objetivo es "dar cumplimiento a las exigencias europeas y que tendrá como principal tarea la independencia y neutralidad para asesorar e informar las previsiones macroeconómicas conforme a lo establecido en la Constitución".
El ministro competente en Deporte, José Ignacio Wert, ha dicho que se pretende "cuidar la salud del deportista, un endurecimiento de la lucha contra el dopaje y un aumento de la independencia del organismo que sustituye a la Agencia Estatal Antidopaje".
También se crea el Tribunal de Arbitraje del Deporte, que sustituye al Comité Español de Disciplina Deportiva. "La impresión de escasa contundencia de España en la lucha antidopaje desaparece con este marco, que la propia Agencia Mundial Antidopaje ha puesto como ejemplo", ha dicho Wert.
