El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que senadores del PP presentaron contra la ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento vasco, así como el recurso que registraron diputados 'populares', de Ciudadanos y de Vox contra una ley similar que salió adelante en el Parlamento de Navarra.
En el primer caso, los recurrentes alegan que la norma impugnada puede vulnerar la reserva constitucional de la función jurisdiccional, que corresponde al Poder Judicial, e infringe el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.
El tribunal de garantías ha acordado que se dé traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno así como al Parlamento y al Gobierno del País Vasco para que puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. La ponencia de la sentencia que se dicte en su día corresponderá al magistrado Cándido Conde-Pumpido.
En el caso de la normativa navarra, ha sido recurrida tanto por diputados del PP como de Ciudadanos y de VOX, pues coinciden al denunciar que la ley confunde a víctimas con verdugos, ofende a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, blanquea a la banda terrorista ETA e insulta la memoria de sus asesinados y sus supervivientes.
Se trata de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, aprobada en el parlamento navarro en primavera y que habría de sustituir a la normativa previa sobre este asunto que en 2018 fue anulada por el Tribunal Constitucional.
Conforme denunciaron tras la aprobación sindicatos policiales y de guardia civil y recogen los recursos de inconstitucional, la normativa permite que un comité declare víctimas de abuso policial a quien lo solicite y sin que medie sentencia judicial, de modo que implícitamente se daría por culpable a una institución o uno de sus funcionarios.
El Constitucional, tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dispone dar traslado de toda la documentación tanto al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno como al Parlamento y Gobierno de Navarra para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren oportunas.
