El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado este miércoles el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox y ha avalado la 'ley Zerolo' para la igualdad de trato y no discriminación.
Esta norma tiene como objetivo prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y contempla sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros. La ley "no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen".
Fuentes jurídicas informan de que la corte de garantías ha desestimado el recurso de Vox contra determinados preceptos de la norma, aprobada por el Congreso en 2022, con los siete votos del bloque progresista frente a los cuatro en contra del bloque conservador.
Han anunciado voto particular los magistrados Ricardo Enríquez, Cesar Tolosa, Enrique Arnaldo y la magistrada Concepción Espejel por entender que el artículo 13, relativo a la educación diferenciada, debía ser regulado por ley orgánica y no por ley ordinaria. La magistrada María Luisa Balaguer ha anunciado la formulación de voto particular concurrente.
Al respecto, el tribunal quiere dejar claro, como ya hizo en dos sentencias del pasado año al analizar otras leyes que también acogen esta perspectiva, que con ella "no se impone orientación ideológica alguna, sino que, por el contrario, se promueve el avance en el respeto a los valores constitucionales".
El recurso también impugnaba los preceptos que impiden discriminar por cualquier razón en la contratación de trabajadores y en el acceso a la compra o alquiler de vivienda, pues entendían que introducían una limitación absoluta a la libertad de contratación y de empresa.
Sin embargo, la resolución explica que los particulares también están obligados a respetar los derechos fundamentales y que la propia ley admite aquellas diferencias de trato que obedezcan a criterios razonables y objetivos y persigan de manera proporcionada un objetivo legítimo.
Por otra parte, como ya hiciera con la ley de Educación, el tribunal argumenta también que, aunque la educación diferenciada por sexos no está prohibida por la Constitución, esto no implica que deba necesariamente recibir ayudas públicas, ya que el legislador puede legítimamente optar por apoyar un modelo educativo -la coeducación-, que promueve el valor constitucional de la igualdad.
Vox cargaba también contra la tipificación como infracción leve de las conductas que incurran en irregularidades formales por la inobservancia de lo previsto por ser demasiado abierta e inconcreta.
Pero la sentencia subraya que la expresión "irregularidades formales" alude a incumplimientos de obligaciones tales como informar y colaborar con la autoridad independiente para la igualdad de trato y la no discriminación y ofrecer información salarial desglosada por parte de empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores.
Define los tipos de discriminación
La ley Zerolo, aprobada en junio de 2022, define los distintos tipos de discriminación existentes y establece un régimen sancionador para todos ellos, así como la creación de una autoridad independiente.
Según la citada ley, la autoridad es un "organismo independiente" que se encargará de garantizar la aplicación de la normativa, recibir quejas y reclamaciones de víctimas e impulsar la imposición de sanciones.
Es el Gobierno quien debe nombrar a la persona encargada y, según la ley, debería haberlo hecho como tarde seis meses después de su entrada en vigor, esto es, en diciembre de 2022.
No obstante, aun no se ha realizado el nombramiento, si bien la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo hace unas semanas que confía en que la autoridad independiente sea una realidad "en los próximos meses", sin dar más detalles.
